Monterrey, N.L.-
Las deficiencias en el transporte público en Nuevo León violan el derecho humano de la población a la movilidad y libre tránsito, advirtió la Alianza de Usuarios y Servicios Públicos y Financieros, quien argumentó su queja en este sentido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado (CEDH).
Jaime Noyola, dijo que allegaron la argumentación ante el órgano para cimentar su queja por la violación a los derechos humanos por acciones u omisiones cometidas por diversas autoridades estatales, municipales e incluso el Congreso del Estado.
Noyola expuso que el Gobierno del Estado, el Congreso estatal, las alcaldías el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, el Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad, la Dirección de Atención Ciudadana del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y la Secretaría de Movilidad y Planeación son los responsables de las violaciones.
Mencionó que la Constitución y Tratados Internacionales contemplan el derecho a la movilidad como un deber del estado de proporcionar los medios para que las personas puedan desplazarse con servicios de transporte que sea asequible, inclusivo, eficiente y amigable con el medio ambiente.
El titular de la Alianza de usuarios dijo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano contempla este en su artículo 11.
“Además a nivel estatal las legislaturas locales poseen la facultad para dictar leyes con base en las cuales los municipios emiten su normatividad interna para organizar la prestación de los servicios públicos de su competencia. Como es el caso del transporte, de conformidad con el contenido del artículo 115 constitucional, fracción V, inciso h”, indicó.
Jaime Noyola indicó que la responsabilidad del Gobierno estatal así como los municipios y otras autoridades se han desatendido, en el sentido de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, respecto a la movilidad sostenible, accesible, asequible, inclusivo, eficiente y seguro.
La Alianza de usuarios recordó que de las 5 mil concesiones de transporte de pasajeros que tenía el estado hasta el sexenio pasado en la actualidad solo operan unas miles unidades, lo que provoca que una de cada tres personas pasen tres horas al día en el transporte público con exagerados tiempos de traslado.
Además, apuntó, las nuevas unidades del transporte público que está adquiriendo esta administración efectivamente son grandes pero excluyen a personas con discapacidad y a un amplio sector de los adultos mayores, pues no están adaptados para que suban personas con sillas de ruedas o andadores.
