Monterrey, N.L.-
Diputados locales y federales presentaron una denuncia ante el IEEPCNL, para que investigue al gobernador Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, por el presunto uso indebido de recursos públicos con fines electorales durante las actividades del Mundial de Futbol 2026, señalando .
La denuncia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) fue encabezada por la diputada local Armida Serrato Flores, quien sostuvo que existen elementos que evidencian una estrategia de promoción personalizada aprovechando la participación de la selección de los Países Bajos en la justa mundialista.
“De los hechos relatados se advierten diversas conductas constitutivas de infracciones en materia electoral, específicamente a que el Gobernador del Estado de Nuevo León, está actuando de forma contraria a los principios de imparcialidad, neutralidad y cometiendo promoción personalizada a su favor y a favor de Mariana Rodríguez Cantú, así como del partido político Movimiento Ciudadano”, dijo.
Con el respaldo de las diputadas locales Claudia Caballero y Cecilia Robledo; las legisladoras federales Ana González y Annia Gómez; así como por los legisladores locales Fernando Aguirre e Ignacio Castellanos, expuso la necesidad de que la autoridad electoral tome cartas en el asunto.
Serrato Flores expuso que en el marco del encuentro entre Marruecos y Países Bajos, celebrado el pasado lunes, se distribuyeron playeras color naranja.
En esta tarea, agregó, se movilizó a funcionarios estatales y se realizaron diversas acciones que vulneran los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad que deben regir a la administración pública.
En el documento presentado ante el órgano electoral, los promoventes argumentan que el mandatario estatal incurrió en promoción personalizada en beneficio propio, de Mariana Rodríguez y del partido Movimiento Ciudadano.
Asimismo, dijo la legisladora local del PRI, hubo propaganda gubernamental indebida mediante el uso de recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno del Estado.
Serrato Flores afirmó que las playeras, cervezas y otros artículos entregados durante el evento no corresponden a ningún programa social, por lo que consideró que fueron utilizados para posicionar políticamente a servidores públicos y al partido naranja.
Recordó que la legislación electoral y los criterios del Tribunal Electoral contemplan que las violaciones a los principios de imparcialidad y neutralidad pueden configurarse incluso fuera de un proceso electoral, cuando las acciones buscan influir en las preferencias ciudadanas o generar ventajas para futuros comicios.
Como parte de la denuncia, los legisladores solicitaron al IEEPCNL certificar de manera inmediata publicaciones, fotografías y videos relacionados con los hechos.
Por ello, también se piidó requerir información al Gobierno del Estado sobre la adquisición de las playeras, su costo, proveedor, origen de los recursos utilizados, número de piezas distribuidas y los funcionarios responsables de autorizar la estrategia.
Entre los servidores públicos sobre quienes se pidió información se encuentran Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial; Marco Antonio González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario; Bernardo Bichara Assad, presidente ejecutivo de Parque Fundidora; y Javier Luis Navarro Velasco, coordinador de Gabinete de Buen Gobierno.
También solicitaron que se requiera información a Movimiento Ciudadano, Parque Fundidora, Cintermex, la Embajada del Reino de los Países Bajos, proveedores y organizadores del evento, además de realizar peritajes especializados en comunicación política y propaganda gubernamental.
Serrato Flores expresó su confianza en que el IEEPC inicie el procedimiento sancionador correspondiente y, en caso de acreditarse las irregularidades, imponga las sanciones previstas por la ley.
Al mismo tiempo, agregó, que se dé vista a instancias como la Fiscalía Especializada, la Auditoría Superior, la Contraloría, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad Técnica de Fiscalización.
Además, adelantó que analiza presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y la Auditoría Superior del Estado para ampliar las investigaciones sobre el caso.
