Monterrey, N.L.-
Las recientes reformas al Código Civil de Nuevo León fortalen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos familiares, especialmente en casos de custodia, convivencia y conflictos entre progenitores, consideraron diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña y Paola Linares.
La legisladora Melisa Peña Villagómez resaltó la modificación al artículo 415 Bis del Código Civil, la cual establece nuevas herramientas legales para garantizar el bienestar emocional de las infancias cuando existan conflictos relacionados con las convivencias familiares.
De acuerdo con la reforma, cuando uno de los padres impida de manera reiterada, injustificada o dolosa las convivencias previamente acordadas o determinadas por una autoridad competente, un juez podrá valorar la modificación de la guarda y custodia del menor.
“La reforma pone en el centro el interés superior de la niñez. Las diferencias entre personas adultas no deben convertirse en herramientas que afecten emocionalmente a niñas y niños o limiten su derecho a convivir de manera sana con su familia”, expresó la diputada.
Peña Villagómez explicó que cada caso deberá ser analizado de forma integral por la autoridad judicial, considerando elementos como dictámenes psicológicos, estudios sociofamiliares y cualquier otra evidencia que permita identificar posibles afectaciones al bienestar físico, emocional o social de los menores involucrados.
Asimismo, la vicecoordinadora legislativa de MC puntualizó que las convivencias únicamente podrán restringirse cuando existan causas graves que representen riesgos para la salud física o psicoemocional de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, Linares López destacó las reformas que fortalecen el derecho de las infancias y adolescencias a expresar su opinión en los procesos judiciales que impactan su vida, así como la incorporación más clara del principio del interés superior de la niñez como eje rector en la toma de decisiones.
La legisladora emecista señaló que las modificaciones aplican en procedimientos relacionados con custodia, convivencia, patria potestad y adopción, garantizando que las autoridades jurisdiccionales escuchen y valoren la opinión de las y los menores cuando las circunstancias lo permitan.
“Estas adecuaciones fortalecen el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, asegurando que su opinión sea tomada en cuenta y que cualquier decisión se adopte privilegiando su bienestar integral”, afirmó.
Las reformas también establecen criterios para proteger la salud física y psicoemocional de los menores en asuntos familiares y armonizan la legislación estatal con los principios constitucionales y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de la infancia.
Paola Linares subrayó que las decisiones que afectan el presente y futuro de niñas, niños y adolescentes deben colocar sus derechos en el centro de cualquier resolución judicial, contribuyendo así a procesos familiares más justos, sensibles y respetuosos de su dignidad.
