Monterrey, N.L.-
La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, Armida Serrato Flores, advirtió que el Poder Legislativo podría iniciar un juicio político contra el gobernador, Samuel García Sepúlveda, de que no publicar el presupuesto estatal, una vez que sean superados los vetos a las leyes de Ingresos, Egresos y Coordinación Hacendaria.
Lo anterior, ante el amago del Gobierno del Estado de no publicar o bloquear el procedimiento para que Nuevo León tenga Presupuesto este año, dijo la diputada local del PRI, en conferencia de prensa.
“De no hacerlo, lo que pasaría es que este Congreso y una servidora como Presidenta de la Comisión Anticorrupción presentaría un juicio político en contra del gobernador Samuel García”, dijo Serrato Flores.
Explicó que en la Comisión de Presupuesto se registraron avances para superar los tres vetos interpuestos por el Ejecutivo estatal, lo cual requiere el respaldo de al menos 28 de los 42 diputados.

En este sentido, la legisladora priísta celebró la apertura mostrada recientemente por la bancada de Morena, aunque lamentó que no se haya dado desde diciembre pasado, cuando esos mismos temas ya habían sido planteados.
En contraste, rechazó la interpretación hecha por Movimiento Ciudadano sobre el artículo 90 de la Constitución local, y aclaró que, una vez superados los vetos por el Congreso y enviados los decretos al Ejecutivo, el gobernador tiene la obligación constitucional de publicarlos en un plazo de 10 días naturales, sin posibilidad de emitir un segundo veto.
“Si no lo hace, la Constitución establece que los decretos se darán por sancionados, y la presidenta del Congreso -Itzel Castillo Almanza- deberá ordenarlos publicar en un plazo de 10 días hábiles”, explicó.
Serrato Flores subrayó que, de incumplir este mandato, el gobernador estaría violando la Constitución del Estado, lo que daría pie a un juicio político, conforme a los artículos 8 y 9 de la Ley de Juicio Político.
Citó que dicho procedimiento procede cuando se perturba la vida jurídica o se incurre en una acción u omisión que infrinja la Constitución local.
“Si el gobernador no publica los decretos, estaría incumpliendo sus propias atribuciones constitucionales, y como presidenta de la Comisión Anticorrupción presentaría un juicio político en su contra”, afirmó.
Asimismo, desestimó los señalamientos de presuntos errores aritméticos en el paquete fiscal, al asegurar que existe equilibrio financiero, como lo marca la ley, y reprochó que dichas observaciones no se hayan planteado oportunamente en la Comisión de Presupuesto.
La diputada también calificó como errónea la interpretación de Movimiento Ciudadano respecto a las modificaciones al paquete fiscal, al señalar que estas derivan del espíritu de la reforma y se mantienen dentro del mismo tema financiero, como ha sido avalado en otros casos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, Serrato Flores expresó su confianza en que, en caso de una eventual impugnación, la Corte avalaría el proceso legislativo seguido por el Congreso, y reiteró el llamado al gobernador a cumplir la ley y publicar el presupuesto, para evitar un nuevo conflicto constitucional.


