Monterrey, N.L.-
Con un acumulado superior a los siete mil casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Gobierno y Congreso de Nuevo León deben negociar un presupuesto que priorice la búsqueda e identificación de personas, dijo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC).
El reciente hallazgo de restos humanos en el municipio de El Carmen, por parte de vecinos en la colonia Valle de Querétaro, evidencia la urgencia de contar con un Plan de Búsqueda estructurado, señaló la organización civil.
CADHAC subrayó que cualquier hallazgo debe ser atendido bajo protocolos claros que garanticen justicia y verdad para las familias, al ser Nuevo León segundo lugar nacional en desapariciones.
Los más de siete mil casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), documentados desde hace más de 20 años, evidencian la necesidad de que “el presupuesto debe ser una herramienta para la reparación, la verdad y la justicia”, agregó.
Ante esta situación, CADHAC instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a superar diferencias políticas, para dotar de recursos suficientes a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y a la Comisión Estatal de Búsqueda.
“Es imprescindible invertir en la localización e identificación de restos humanos, así como en la actualización y fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos de búsqueda y de los laboratorios forenses para que las pruebas científicas, incluidas las de genética, funcionen de manera oportuna y eficaz”, subrayó.
Ello, al señalar la entidad ciudadana que “las familias que han sufrido durante décadas por la desaparición de sus seres queridos no pueden esperar más”.
La asociación, que acompaña desde hace 17 años a la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas (AMORES), recordó que la falta de recursos compromete directamente la capacidad operativa de las dependencias, dejando a miles de familias en una zozobra impostergable.
El presupuesto, puntualizó, debe ser “una herramienta para la reparación, la verdad y la justicia; una obligación del Gobierno de Nuevo León adquirida a partir de la aprobación de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León y la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas de nuestra entidad”.
