Exige Congreso que FGR atraiga investigación por presunta extorsión a Matrimar

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Monterrey, N.L.- 

Bajo el argumento de que la corrupción y la impunidad frenan el desarrollo del estado, el Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga e investigue las acusaciones de extorsión contra el diputado Baltazar Martínez, relacionadas con la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar).

​La propuesta, presentada por la diputada del PRI, Armida Serrato Flores, enfatiza la necesidad de una investigación con “rigor técnico e imparcialidad”, ante la gravedad de los señalamientos que involucran a servidores públicos.

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Dentro de la petición para la intervención federal se solicita formalmente a la FGR atraer el caso debido a la relevancia social y las circunstancias de ejecución del presunto delito.

​En este marco, se exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado a agilizar las indagatorias y realizar de inmediato peritajes forenses para autenticar los audios difundidos públicamente.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió un llamado para priorizar las investigaciones por posibles cobros indebidos.

“Como representantes populares, no podemos permanecer indiferentes ante indicios de corrupción que afectan el patrimonio de particulares y la confianza en las instituciones”, aseveró Serrato Flores desde la tribuna.

​Durante la sesión ordinaria, la bancada del PAN, respaldó la postura mediante protestas con pancartas que señalaban a Nuevo León como “primer lugar en extorsión”.

En ese sentido, la legisladora panista, Claudia Caballero Chávez, denunció la inasistencia del legislador y líder estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, al Poder Legislativo.

Dicha ausencia busca evadir cuestionamientos, tras la difusión de pruebas donde presuntamente solicita un “pago fuerte”, señaló la diputada.

​El punto de acuerdo, aprobado por mayoría, subrayó que la identificación de todos los involucrados es prioritaria para evitar la alteración de pruebas y garantizar que el caso no quede en la impunidad.

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