Monterrey, NL.-
El Gobierno de Nuevo León se comprometió a cubrir los sueldos, horas extras e indemnizaciones pendientes de los operadores de las rutas Exprés que prestaron servicio durante las actividades del Mundial de la FIFA 2026, informó la diputada local independiente, Rocío Montalvo Adame.
La legisladora señaló que, tras una reunión entre representantes del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), la Dirección de Gobierno, la empresa BAI Beneficios Administrativos Integrales y los trabajadores despedidos, se acordó liquidar los salarios y horas extras adeudados, además de pagar el 100 por ciento de las indemnizaciones a más tardar el próximo miércoles 15 de julio.
Montalvo Adame dijo que dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los trabajadores afectados por el retraso en el pago del trabajo realizado durante semanas anteriores.
El compromiso se logró luego de la manifestación realizada el martes por operadores de transporte urbano de las rutas Exprés frente al Palacio de Gobierno, donde exigieron el pago de salarios y prestaciones que, según denunciaron, permanecían pendientes desde el 25 de junio, una vez concluido el servicio especial que brindaron durante el Mundial.

Los inconformes, acompañados por la diputada, entregaron un oficio dirigido al gobernador Samuel García Sepúlveda para solicitar una solución inmediata.
De acuerdo con el documento presentado, los operadores y personal administrativo fueron contratados mediante la empresa BAI Beneficios Administrativos Integrales, la cual recibe recursos del Instituto de Movilidad y Accesibilidad para cubrir salarios, prestaciones y seguridad social.
Además de los adeudos salariales, los trabajadores señalaron incumplimientos en incentivos del programa estatal “Operador te Ayudamos”, posibles irregularidades en sus cotizaciones ante el IMSS y la falta de información sobre su situación laboral tras el cierre de operaciones de las rutas especiales.
Entre las demandas planteadas al Ejecutivo estatal figuraban el pago inmediato de los recursos pendientes, una audiencia pública con los afectados, información sobre su continuidad laboral y, en caso de despido, el pago de las indemnizaciones conforme a la ley.
Ahora, con el acuerdo alcanzado, el Gobierno estatal se comprometió a atender estas exigencias dentro del plazo establecido.


