Monterrey, N.L.-
En un movimiento que ha generado controversia por su sustento legal, el Gobierno de Nuevo León remitió nuevamente al Congreso del Estado un veto a las reformas de la Ley de Movilidad, las cuales contemplan la implementación de tarifas sociales en el transporte público.
A través de un documento entregado esta tarde en la Oficialía de Partes por Mauricio Treviño, representante de la Consejería Jurídica, se exponen los argumentos para el rechazo a este subsidio aprobado recientemente por el poder legislativo.
La reforma vetada incluye tarifas preferenciales para grupos vulnerables, beneficios por multiviajes, trasbordos ilimitados durante el transcurso del día.
La administración del gobernador, Samuel García Sepúlveda, aludió al impacto presupuestal de las tarifas sociales en el transporte público, al señalar que los descuentos no son financieramente viables, por lo que las tarifas propuestas están fuera de la realidad económica actual.
Previamente, el secretario general de Gobierno en la entidad, Miguel Ángel Flores Serna, manifestó que existen “irregularidades” en la reforma sobre el particular.
Esta acción ocurre a pesar de que el pasado 11 de febrero, el Congreso del Estado ratificó las reformas con una mayoría de 33 votos, superando un veto inicial del Gobernador.
Bajo el procedimiento constitucional, tras dicha ratificación, la ley debía ser publicada de inmediato para entrar en vigor.
Expertos y legisladores cuestionan la legalidad de este segundo veto, señalando que el Ejecutivo ya no cuenta con facultades constitucionales para frenar una ley que ya fue ratificada por la mayoría calificada del Congreso.
Mientras el Congreso exige la publicación oficial de la ley, el Estado mantiene el freno administrativo, dejando en la incertidumbre la aplicación de los descuentos y beneficios para los usuarios del transporte público en la entidad.
