García reclama más de 200 millones de pesos; alcaldes anuncian acciones legales si el Estado mantiene retenidos los recursos.
GARCÍA, NL. —
El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, se sumó este lunes al bloque de 18 presidentes municipales metropolitanos y rurales que exigieron al Gobierno de Nuevo León la liberación inmediata de más de 1,700 millones de pesos que, aseguran, permanecen retenidos desde 2022, recursos que consideran indispensables para financiar obras públicas, fortalecer la seguridad y garantizar la prestación de servicios municipales.
Como parte de la estrategia conjunta, los alcaldes presentaron un escrito ante la Tesorería General del Estado para reclamar el pago de participaciones, aportaciones y recursos derivados del Instituto de Control Vehicular, además de otros fondos contemplados en la legislación vigente. Advirtieron que, de no obtener una respuesta inmediata, iniciarán una ruta legal que incluirá acciones administrativas, financieras y penales.
En el caso de García, Manuel Guerra Cavazos informó que la administración estatal mantiene un adeudo superior a 200 millones de pesos, integrado por recursos pendientes y obras de infraestructura comprometidas que no han sido ejecutadas.
“Son poco más de 58 millones de pesos, sin contar las obras complementarias comprometidas para la ciudad, que representan alrededor de 160 millones de pesos adicionales. Estamos hablando de un adeudo superior a los 200 millones de pesos que el Estado le debe a García”, afirmó.
El presidente municipal explicó que entre los proyectos pendientes destaca la construcción de un puente que conectaría la avenida Hacienda del Sol con Lincoln, a través de Heberto Castillo, una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad entre la zona industrial y la zona habitacional del municipio.
Guerra Cavazos sostuvo que la falta de estos recursos ha retrasado proyectos prioritarios de infraestructura y desarrollo urbano que impactan directamente en miles de familias.
“Estamos presentando este escrito porque estos recursos están establecidos por la ley. No estamos solicitando apoyos extraordinarios; estamos exigiendo que el Gobierno del Estado cumpla con una obligación legal hacia los municipios”, expresó.
El alcalde de García señaló que el incumplimiento financiero limita la capacidad de los ayuntamientos para responder a las necesidades de la población.
“Mientras existen recursos para otros proyectos y eventos, los municipios seguimos esperando recursos que por ley nos corresponden. Esa falta de cumplimiento mantiene detenidas obras que mejorarían la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, puntualizó.
Asimismo, hizo un llamado al gobernador del Estado para resolver el conflicto institucional y cumplir con los compromisos asumidos con los municipios.
“García también es Nuevo León. Lo único que pedimos es que se respeten la ley y la palabra empeñada con nuestra ciudad y con las familias garcienses”, subrayó.
De acuerdo con el posicionamiento conjunto, los recursos retenidos corresponden a participaciones federales y estatales, derechos derivados del refrendo vehicular, multas del Instituto de Control Vehicular y otros fondos municipales cuya entrega permanece pendiente desde hace más de tres años.
Entre los municipios que reportan mayores adeudos se encuentran García, con más de 200 millones de pesos; Escobedo con 308 millones de pesos, Santiago con más de190 millones de pesos, Santa Catarina con 175 millones de pesos, Monterrey con más de 300 millones de pesos, San Nicolás, con más de 150 millones; San Pedro con 126 millones de pesos, entre otros, más otros alcaldes de Nuevo León que se están sumando al reclamo.
Los alcaldes coincidieron en que la liberación de estos recursos permitirá acelerar obras de infraestructura, fortalecer la seguridad pública, ampliar los servicios municipales y responder a las necesidades más urgentes de la población.
Finalmente, reiteraron que, de no existir una respuesta favorable por parte del Gobierno del Estado, continuarán con la ruta jurídica para exigir la entrega de recursos que, afirmaron, pertenecen legalmente a los municipios y a sus ciudadanos.
