Monterrey, N.L.-
A fin de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno y dependencias estatales, líderes sociales, empresariales y activistas, en colaboración con integrantes de la plataforma REGIOPODER, presentaron en el Congreso del Estado la iniciativa Ley Ojo Regio.
La iniciativa fue presentada por Fernando Canales Stelzer y Juan Carlos Pérez Góngora, acompañados de activistas como Sandrine Mollinard, para proponer la creación de consejos ciudadanos en dependencias clave, como Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y otras instancias gubernamentales.
Al presentar la propuesta legislativa ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, los promoventes subrayaron el objetivo de asegurar que las decisiones públicas sean claras, justificadas y transparentes.
Asçi, se establece la obligación de que las dependencias rindan cuentas de manera trimestral y las autoridades deberán responder de forma fundada a quejas o solicitudes ciudadanas.
En caso de incumplimiento (omisiones o negativas injustificadas), la Ley Ojo Regio prevé sanciones económicas que oscilan entre los 15 mil y los 150 mil pesos para los funcionarios responsables.
Los impulsores subrayaron que, de ser aprobada y aplicada, la ley “tendría dientes”, al obligar a mandatarios, legisladores y autoridades a presentar informes claros sobre sus acciones y decisiones cotidianas.
Se planteó la necesidad de homologar la Ley Ojo Regio con la legislación federal para establecer requerimientos institucionalizados bajo un marco legal obligatorio.
Ante una posible desaparición de organismos como el INFONL, los promoventes pidieron una reconducción del personal para evitar la pérdida de capacidades técnicas y asegurar la continuidad de la transparencia ciudadana.
Además, se busca generar sinergias con la Plataforma Nacional de Transparencia, integrando tanto a entes de gobierno como a la iniciativa privada.
Juan Carlos Pérez Góngora fue enfático al afirmar que no debe existir información reservada salvo aquella relacionada con la seguridad.
Recalcó que los costos de inversiones públicas no deben ocultarse y, en caso de restricciones contractuales, las autoridades están obligadas a explicar claramente el motivo.
Los promoventes destacaron que el proyecto es vanguardista en materia de acceso a la información y vigilancia ciudadana, al contemplar 185 artículos.
Con la presentación de la Ley Ojo Regio, sus impulsores buscan establecer las bases de un nuevo modelo de gobierno abierto, caracterizado por una mayor vigilancia ciudadana y sanciones efectivas para quienes incumplan con la transparencia que la sociedad exige.
