Monterrey, N.L.-
La ciudadana Anabel del Roble Alcocer Cruz presentó formalmente ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, motivada por presuntos actos de corrupción y esquemas de triangulación de fondos públicos.
Acompañada de diversas personalidades de Morena, la también dirigente estatal de dicho instituto político, sustentó el recurso interpuesto contra el gobernador, Samuel García Sepúlveda, en información pública e investigaciones periodísticas.
En ellas, explicó, se sugiere un modus operandi en el cual empresas contratistas del Gobierno del Estado, tras recibir recursos gubernamentales, presuntamente transfirieron sumas millonarias a despachos jurídicos vinculados con el mandatario estatal.
Durante la entrega formal del escrito ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la promovente estuvo respaldada por diversas figuras públicas y ciudadanos, entre quienes destacaron Alejandro Murat Hinojosa, Andrés Mijes Llovera, Clara Luz Flores Carrales, Judith Díaz, René González y Tatiana Clouthier Carrillo.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y las instituciones tienen la obligación de actuar cuando existen indicios de posibles actos de corrupción”, señaló Alcocer Cruz.
En este orden, precisó que la denuncia no es una sentencia anticipada, sino una vía constitucional para activar la rendición de cuentas.
La denunciante lamentó que el presupuesto público, que debió destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, seguridad, movilidad e infraestructura, presuntamente haya tenido un uso indebido.
Debido a los indicios de que una parte de los fondos involucrados provienen de la Federación, recordó que ya se interpuso una denuncia paralela ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la posible comisión del delito de peculado (malversación de caudales públicos).
Al final, Alcocer Cruz hizo un llamado a los diputados locales para que actúen con total independencia, objetividad y apego a la ley al analizar las pruebas e informes correspondientes, exigiendo que la transparencia prevalezca sobre cualquier interés particular.
