Monterrey, N.L.-
A fin de proteger la economía de las familias trabajadoras y erradicar esquemas de corrupción, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial en Nuevo León.
La propuesta, presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, busca prohibir de manera tajante cualquier cobro por concepto de registro, instalación, permisos o refrendos en los mercados rodantes y tianguis del estado, dijo la legisladora.
Ello, agregó González Elías, garantiza que el derecho al trabajo no esté condicionado a “cuotas” que no ingresan a las tesorerías municipales, dijo la legisladora naranja.
Durante la presentación, señaló que la reforma surge como respuesta a las constantes denuncias de extorsión en municipios, donde los comerciantes son víctimas de cobros indebidos tanto por parte de autoridades municipales como de liderazgos sindicales y grupos externos.
“Lo que estamos proponiendo es que haya cero cobros, este dinero usualmente no se reporta; se vuelve la ‘caja chica’ de quienes operan las direcciones de comercio y no llega a beneficiar a la ciudadanía”, afirmó González Elías.
La iniciativa propone adicionar las fracciones VI y VII al artículo 3 de la mencionada ley, fundamentándose en los siguientes ejes:
* Prohibición total de cobros por asignación de espacios o revalidación de permisos.
* Los comerciantes deberán cumplir con los requisitos legales para operar, pero sin que esto implique un desembolso económico por el trámite.
* Obligación de los ayuntamientos de publicar de forma clara y transparente los reglamentos y criterios en portales oficiales para reducir la discrecionalidad.
* Se busca crear un padrón estatal que permita transitar hacia la formalidad, permitiendo que los trabajadores accedan eventualmente a prestaciones de ley como seguridad social e Infonavit.
Acompañada por el secretario de Gestión Social de MC, Patricio Zambrano y el regidor Abiel Náñez y otros liderazgos de su partido, González Elías subrayó que esta medida es un acto de justicia social para las jefas de familia y personas con discapacidad que dependen exclusivamente del comercio popular.
