A diez años de la reforma penal, 2.6 millones de casos acumulan polvo en los escritorios; el 62.9% de los mexicanos percibe corrupción en las instituciones de procuración de justicia. Un estudio enfocado en el desempeño de las fiscalías en México revela que la autonomía legal de estos organismos no ha bastado para transformar la operación cotidiana.
Han pasado diez años desde que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral entró en vigor en todo el país. La teoría prometía juicios orales, transparencia y celeridad. Sin embargo, en la práctica, el engranaje más importante del sistema —las fiscalías— sigue atascado en el viejo modelo inquisitivo.
Lo que debería ser una investigación estratégica para llevar a los culpables ante un juez, se ha convertido en una fábrica de expedientes que terminan engrosando un archivo que, para efectos prácticos, es el cementerio de la justicia en México.
El reciente estudio de México Evalúa, “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”, ofrece un diagnóstico descarnado de la realidad que enfrentan las 32 instancias estatales. Lejos de ser instituciones autónomas y eficientes, el informe sobre las fiscalías en México revela aparatos burocráticos que operan con inercias del pasado, ahogados por el rezago y percibidos por la ciudadanía como espacios de corrupción.
Radiografía de las fiscalías en México y el embudo de la impunidad
El dato más alarmante del informe es el crecimiento explosivo del rezago. Entre 2016 y 2024, la cantidad de casos sin concluir se multiplicó por cinco, alcanzando la cifra de 2 millones 600 mil carpetas de investigación sin resolver. Es como si todos los habitantes de una ciudad como Guadalajara tuvieran un expediente abierto esperando justicia que nunca llega.
Este cuello de botella no es casualidad. La “Radiografía” señala que, si bien la tasa de casos iniciados por cada 100 mil habitantes se mantiene estable, las autoridades han sido incapaces de cerrar más casos de los que abren. La lógica de trabajo sigue enfocada en “integrar” carpetas de investigación, una práctica heredada del antiguo sistema escrito que prioriza el trámite burocrático sobre la resolución del conflicto.
El archivo temporal como válvula de escape institucional
Lejos de buscar soluciones, las instituciones han recurrido al “archivo temporal” como su principal herramienta de gestión. En 2024, el 34.4% de las determinaciones ministeriales consistieron en enviar los casos a este archivo, una figura que en la práctica funciona como una sentencia de muerte para la mayoría de las investigaciones, que terminan prescribiendo.
En estados como Jalisco y Oaxaca, este porcentaje supera el 70% del total de casos iniciados. El estudio desglosa que, de los casos archivados en 19 entidades que proporcionaron información, el 45.8% corresponde a robos, mientras que la violencia familiar ocupa el segundo lugar con un 12.1%. La gravedad del asunto se profundiza al encontrar que incluso delitos como el homicidio (con 2,308 casos) y la desaparición de personas (107 casos) engrosan estas cifras, lo que revela una falla estructural en la investigación de los crímenes más graves.
El sistema acusatorio ofrece herramientas para descongestionar el sistema, como los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y los acuerdos reparatorios. Sin embargo, el estudio documenta una subutilización alarmante. En 2024, a nivel nacional, solo el 3.22% de los casos se resolvieron a través de un acuerdo reparatorio en sede ministerial.
Esto contrasta con el potencial real, ya que se calcula que al menos el 39.3% de los delitos del fuero común podrían ser susceptibles de resolverse por esta vía. Entidades como Michoacán y Yucatán, que han implementado políticas internas claras para fomentar los MASC, logran resolver más del 20% de sus casos mediante esta figura, demostrando que el problema no es normativo, sino de falta de voluntad y estrategia institucional.
Autonomía formal y percepción ciudadana
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la transición de procuradurías a fiscalías autónomas, si bien fue un avance legal, no se ha traducido en una mejora sustancial en la operación cotidiana. “La autonomía formal, si bien necesaria, es insuficiente por sí misma”, sentencia el informe. Las estructuras jerárquicas siguen siendo verticales, la toma de decisiones se concentra en la figura del Fiscal General —con hasta 19 subordinados directos en algunos casos— y el sistema de carrera profesional es casi inexistente.
La profesionalización del personal es otro punto débil. El estudio revela que el personal sustantivo (fiscales, peritos y policías de investigación) debería representar al menos el 65% de la plantilla para una operación eficiente. Sin embargo, en entidades como San Luis Potosí, el 63% del personal es administrativo, lo que evidencia una estructura burocrática inflada que drena recursos de las labores medulares de investigación y litigio.
El resultado de esta ineficiencia repercute directamente en las fiscalías en México, las cuales enfrentan una severa crisis de confianza. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 62.9% de la población que identifica a las fiscalías considera que existe corrupción en ellas. Esta percepción es significativamente más alta que la reportada para instituciones como la Marina o la Fuerza Aérea.
La confianza en el sistema se desploma a apenas un 33%, una cifra que refleja el divorcio entre la institución y la sociedad a la que debe servir. La falta de resultados, la opacidad y la ausencia de tecnología que permita dar seguimiento a las investigaciones son los principales factores que alimentan esta desconfianza.
La “Radiografía de las fiscalías” de México Evalúa no solo pinta un panorama sombrío, sino que plantea una ruta de acción basada en resultados. Las fiscalías en México son el corazón del sistema de justicia penal; si siguen latiendo con el ritmo del antiguo régimen inquisitivo, el resto del sistema, por más reformas que se le apliquen, está condenado al fracaso. La impunidad no es un accidente, es el producto de un diseño operativo incapaz de cambiar al mismo ritmo que la ley.
Fuente oficial de referencia: México Evalúa
