Monterrey, N.L.-
Al representar un ilícito recurrente en la actualidad, la diputada local del PAN Claudia Caballero Chávez, propuso reformas al Código Penal del estado para tipificar como delito el “secuestro virtual” y establecer penas de prisión de 6 a 10 años a los responsables.
La propuesta, presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, busca reformar el Artículo 16 Bis y adicionar el artículo 355 Bis 2 del referido ordenamiento legal y reconocer la gravedad de esta modalidad delictiva, dijo la legisladora, con la representación de la bancada panista.
“El daño no es sólo patrimonial, el daño viene siendo psicológico y el daño a la salud mental, entonces nos tomamos a la tarea para presentar un proyecto de decreto para que se tipifique como delito grave, las penas que serían rondarán de 6 a 10 años de prisión con ciertas agravantes, pero no ponerlo en el mismo encuadre que la extorsión,” recalcó Caballero Chávez.
En este orden, alertó sobre el incremento de “secuestro virtual en el estado, señalando que en 2023 se registraron 770 denuncias, cifra que aumentó a 840 en 2024, y que, en lo que va del 2025, ya suman 485 denuncias.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que este tipo de ilícitos afecta especialmente a jóvenes, turistas y trabajadores, causando consecuencias patrimoniales y psicológicas graves.
Durante la presentación de la iniciativa, también anunció la realización de Mesas de Trabajo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el área operativa para abordar temas de ciberseguridad, asegurando que buscan una labor conjunta y productiva.
Entre los beneficios esperados de la iniciativa se encuentran el establecer penas específicas, con penas de 6 a 10 años de prisión, diferenciándolo de la extorsión.
Asimismo, permitir la recopilación de datos precisos para diseñar políticas de prevención focalizadas; mejorar la colaboración entre la Fiscalía, la Policía Cibernética y operadores de telecomunicaciones para rastrear y bloquear números delictivos.
También, para proteger la salud mental, reconocer los daños psicológicos como parte del delito, protegiendo así la seguridad ciudadana.
