Monterrey, N.L.-
Representantes de los principales organismos inmobiliarios y legales del estado, coordinados por el Buró Arrendador, anunciaron la creación de un comité técnico que presentará ante el Congreso de Nuevo León una propuesta de reforma integral al Código Civil en materia de arrendamiento.
El objetivo principal es modernizar leyes que datan de la década de 1940 y equilibrar los derechos entre propietarios e inquilinos, evitando legislaciones que pongan en riesgo la propiedad privada, como ha ocurrido recientemente en otras entidades del país.
Roberto Peña, titular de Buró Arrendador, destacó que el arrendamiento es un motor económico vital, toda vez que según datos del INEGI y estadísticas del propio organismo a nivel nacional, el arrendamiento genera 693 mil millones de pesos anuales y Nuevo León concentra el 4.2% de este mercado.
En el estado existen aproximadamente 234 mil viviendas rentadas, con una renta promedio mensual de 10 mil pesos.
El grupo de especialistas incluye a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, la Cámara de Propietarios de NL, la Alianza de Empresarios Inmobiliarios y la Asociación de Rentas Vacacionales.
Dentro de las propuestas, Jorge García, de Inmobix Legal, defendió la libertad de mercado, por lo que los precios de las rentas deben ser fijados por la oferta y la demanda, rechazando cualquier intento del gobierno por imponer “topes” a los precios.
Emma Cantú Villarreal (AMPI) propuso que los plazos de los contratos se definan por acuerdo mutuo entre las partes, sin limitaciones legales rígidas.
A su vez, Saúl Abraham González sugirió mecanismos claros para asegurar que el depósito se devuelva íntegramente si el inmueble se entrega en condiciones pactadas, protegiendo así al inquilino.
Con ello, se busca fortalecer el uso de medios alternos para solucionar conflictos, evitando juicios largos y costosos que saturan los juzgados.
Manuel Lozano, presidente de la Asociación de Rentas Vacacionales, señaló la necesidad de que plataformas como Airbnb sean tratadas bajo leyes de turismo y hospedaje, creando un padrón digital de anfitriones.
Durante la conferencia de prensa en Congreso del Estado, los integrantes del Buró Arrendador alertaron sobre leyes aprobadas en estados como Oaxaca, donde se puede obligar a un propietario a rentar su vivienda incluso si el prospecto no cumple con los requisitos.
“Queremos que Nuevo León sea punta de lanza con un Código Modelo que contemple a todos los actores y proteja la inversión. No podemos permitir leyes que atenten contra la propiedad privada”, afirmó Roberto Peña.
El comité técnico presentará formalmente el anteproyecto con 40 propuestas básicas ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado la próxima semana, buscando que los legisladores conviertan esta iniciativa ciudadana en ley para profesionalizar el sector y erradicar fraudes y “coyotaje”.
Esta es la primera ocasión en que se convoca a los principales actores del sector, incluyendo asociaciones inmobiliarias, cámaras de propietarios, empresas de pólizas jurídicas y representantes de rentas vacacionales, para construir una propuesta integral, tendiente a modernizar el marco legal en materia de arrendamiento de inmuebles.
Los organismos participantes en esta propuesta son: Buró Arrendador, AMPI (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios) Sección Monterrey, Cámara de Propietarios y Alianza de Empresarios Inmobiliarios de Nuevo León, así como la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional.
