Monterrey, N.L.-
El Congreso de Nuevo León, a través de la Comisión Anticorrupción, reactivó el análisis de dos juicios políticos contra el gobernador, Samuel García Sepúlveda, situación que fue calificada como “revanchismo politico” por parte de Sandra Pámanes Ortiz, coordinadora legislativa de Movimiento Ciudadano.
Los dos juicios políticos promovidos contra el mandatario estatal se relacionan con presuntas violaciones en materia electoral durante el proceso de 2024.
Durante la sesión de la Comisión Anticorrupción, presidida por la diputada Armida Serrato Flores, se dio lectura a una síntesis de los informes enviados por el Ejecutivo estatal, en los cuales el mandatario compareció por escrito “de manera cautelar”, reservándose el derecho de impugnar diversos aspectos del procedimiento.
La comisión aprobó declararse en sesión permanente para que los legisladores analicen la documentación presentada y reanudar los trabajos el próximo jueves 21 de mayo a las 11:00 horas.
Serrato Flores explicó que los expedientes derivan de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral Federal, donde se determinó que el gobernador incurrió en conductas que vulneraron los principios de imparcialidad y equidad durante la contienda electoral de 2024.
“El Tribunal Electoral ya determinó sentencias para el gobernador del estado por establecerse que no hubo transparencia ni imparcialidad dentro de la contienda electoral”, señaló la legisladora local del PRI.
Uno de los expedientes corresponde a la presunta intervención indebida del Ejecutivo estatal en favor de la fórmula al Senado integrada por Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera.
El segundo caso está relacionado con la promoción de la rifa de una camioneta Cybertruck presuntamente vinculada a la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez.
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del estado y vocal de la comisión legislativa, Sandra Pámanes Ortiz, votó en contra del acuerdo y calificó el procedimiento como un acto de “revanchismo político”.
La legisladora aseguró que la sesión estuvo “totalmente viciada”, al considerar que se violentaron disposiciones del Reglamento Interno del Congreso y que los procedimientos ya se encuentran caducos conforme a la Ley de Juicio Político del Estado.
“Llevamos más de dos años dando vueltas sobre el mismo tema, cuando la propia ley establece tiempos muy claros para resolver, hoy queda en evidencia que el interés no es jurídico, sino político”, expresó.
Pámanes Ortiz sostuvo además que las resoluciones del Tribunal Electoral únicamente obligan al Congreso a valorar una posible sanción administrativa y no necesariamente un juicio político.
“Lo único que correspondería sería analizar una sanción equiparable, como una multa, pretender convertir esto en un juicio político es una distorsión deliberada de la ley”, enfatizó.
Durante la sesión, los diputados de Morena Mario Soto y Rodrigo Montemayor se ausentaron al momento de la votación, mientras que la legisladora Grecia Benavides se abstuvo.
Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Carlos de la Fuente Flores, criticó la postura de Morena y acusó a sus legisladores de respaldar políticamente al gobernador.
El panista, también integrante del la Comisión Anticorrupción, afirmó que las sanciones contra Samuel García derivan de resoluciones ya emitidas por autoridades electorales y sostuvo que el Congreso tiene la obligación de determinar la sanción correspondiente.
“No es un berrinche ni un tema de revanchismo, la autoridad electoral ya determinó que el gobernador incurrió en delitos electorales y corresponde al Congreso sancionarlo”, manifestó.
De la Fuente Flores también señaló que, de no aplicarse sanciones, se podría sentar un precedente negativo rumbo al proceso electoral de 2027.
“Es importante dejar evidencia de que ningún gobernador o alcalde debe meter las manos en un proceso electoral”, concluyó.
