-San Fernando, Matamoros, Tampico y Madero acumulan observaciones por 2 mmdp
Reynosa, Tam.-
El municipio de San Fernando figura entre los ayuntamientos de Tamaulipas con mayores observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de las cuentas públicas 2024, dentro de un informe que documenta presuntas irregularidades por más de 14 mil 414 millones de pesos.
El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, informó que las observaciones corresponden a inconsistencias financieras detectadas durante el proceso de fiscalización, principalmente en organismos operadores de agua y gobiernos municipales. En el caso de los ayuntamientos, las observaciones ascienden a 2 mil 703 millones de pesos.
Entre los municipios señalados destacan San Fernando, durante la administración encabezada por Maybella Ramírez Saldívar, así como Tampico, Matamoros y Ciudad Madero, gobernados en ese periodo por Jesús Nader, Mario López y Adrián Oseguera, respectivamente.
De acuerdo con el informe, únicamente 11 municipios lograron solventar satisfactoriamente la revisión de sus cuentas públicas, mientras que otros 82 presentaron observaciones por diferentes inconsistencias administrativas y financieras.
La mayor parte de los recursos observados corresponde a organismos operadores de agua potable, que acumulan más de 11 mil 300 millones de pesos.
La Auditoría señaló deficiencias contables, problemas administrativos y falta de transparencia en el manejo de recursos.
Entre los casos más relevantes se encuentra la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, que concentra observaciones superiores a los 7 mil 160 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los organismos con el mayor monto observado en la entidad.
Noriega Orozco señaló que el objetivo de estas revisiones es fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y evitar que las irregularidades detectadas queden sin consecuencias.
Asimismo, informó que entre 2024 y 2025 la Auditoría Superior del Estado ha presentado 49 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de incrementar los procedimientos administrativos por faltas graves derivadas de las auditorías.
La dependencia estatal sostuvo que la intención es que las observaciones detectadas durante los procesos de fiscalización puedan traducirse en responsabilidades administrativas, patrimoniales o incluso penales cuando así lo determinen las investigaciones correspondientes.
