Cd. Victoria, Tam.-
El Congreso del Estado impuso un plazo de tres días al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, para que comparezca, en persona o por escrito, a responder a la solicitud de 16 regidores que lo acusan de violentar la ley, y exigen suspenderlo o revocarlo del cargo.
Lo anterior, como parte de un acuerdo aprobado, con 11 votos a favor y dos abstenciones, por las comisiones unidas de gobernación y asuntos municipales.
Ambos órganos legislativos determinaron dar entrada a la denuncia de los regidores, recibida por el Pleno durante la sesión ordinaria de este miércoles, y correrle copia al presidente municipal, “a efecto de que comparezca en un término de tres días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, pudiéndolo hacer por escrito”.
Las acusaciones
Los regidores lo acusan de violentar diversas disposiciones establecidas en los artículos 35, 38 y 49 del Código Municipal, luego de que decidió ratificar en sus cargos, sin la aprobación del Cabildo, a diversos funcionarios municipales, entre ellos el Secretario del Ayuntamiento; el tesorero; el contralor; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; el director de Servicios Municipales; el director de Obras Públicas; y el secretario de Seguridad Pública.
En su denuncia, relataron que durante la sesión del Cabildo, realizada el uno de octubre pasado, y a la que asistieron los 24 integrantes, no fue incluida en la orden del día la propuesta para designar a funcionarios públicos para la nueva administración municipal, como lo establecen los artículos 49 y 55 del Código Municipal.
En dichos artículos se señala que el alcalde carece de facultades discrecionales para nombrar o remover a los funcionarios públicos sin el aval del Cabildo.
Sin embargo, al concluir esa sesión, Gattás Báez convocó a conferencia de prensa, en la sala de juntas del edificio sede de la presidencia municipal, para hacer pública su decisión de ratificar a todos y cada uno de los funcionarios que lo acompañaron en la administración 2021-2024.
“He tomado la decisión de no solicitar la remoción de ninguno de los funcionarios. Por la lealtad que los ha caracterizado, no pediré la remoción de ningún servidor publico”, declaró abierta y públicamente el edil.
Los regidores acusan que, con esa decisión el alcalde promueve y ejecuta disposiciones graves que causan trastorno en el gobierno, y se coloca en los supuestos de las fracciones 4, 6 y 8 del artículo 38 del Código Municipal, configurándose una probable conducta ilícita de uso indebido de facultades.
Los supuestos en que podría haber incurrido el presidente municipal son la omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones; usurpación o uso indebido y sistemático de atribuciones; y adoptar conductas sistemáticas y graves que afecten al buen gobierno y la administración del municipio.
*Con información de El DiarioMX
