Ciudad Victoria, Tam.-
Abandonar a una mujer embarazada podría castigarse en Tamaulipas con penas de hasta cinco años de prisión, de acuerdo con una iniciativa que busca tipificar y sancionar esta conducta como un delito plenamente reconocido en el Código Penal del Estado.
La propuesta de la diputada, Magaly Guillermina Deándar, plantea adicionar el artículo 365 Bis, con el fin de poner fin a un vacío legal que hoy permite que el abandono durante el embarazo quede sin castigo, aun cuando coloca a mujeres en situaciones graves de riesgo físico, emocional y económico.
El artículo propuesto contempla agravantes: si el abandono causa lesiones o pone en riesgo la salud de la mujer o del producto, las penas aumentarán hasta un tercio; y si se produce la muerte de la mujer o del concebido, las sanciones se incrementarán hasta la mitad.
El proyecto señala que el abandono injustificado es una práctica extendida y normalizada, que deja a muchas mujeres gestantes en condiciones extremas sin respaldo económico ni acompañamiento emocional durante uno de los periodos más delicados de su vida.
De acuerdo con la exposición de motivos, la conducta implica que, aun conociendo el embarazo y teniendo capacidad económica, la persona responsable decide desvincularse por completo, reproduciendo patrones de desigualdad, abuso y violencia estructural.
El texto advierte que esta omisión no es un simple conflicto familiar, sino un acto de violencia que puede desencadenar complicaciones médicas, precariedad severa, daño psicológico e incluso riesgos para la vida de la mujer y del producto concebido.
Actualmente, el marco estatal solo ofrece herramientas civiles como la pensión alimenticia durante la gestación, pero no contempla consecuencias penales para quien abandona antes del parto, lo que deja a las mujeres sin protección suficiente en un momento crítico.
La iniciativa subraya que esta ausencia legal permite que muchos agresores actúen con total impunidad, aun cuando su irresponsabilidad genere afectaciones graves o incluso irreversibles.
El planteamiento legislativo sostiene que el Estado debe intervenir de manera preventiva para proteger a las mujeres embarazadas, especialmente cuando carecen de redes de apoyo, ingresos o acompañamiento familiar.
La propuesta aclara que no se penalizará a quienes estén materialmente imposibilitados de brindar apoyo; la sanción se dirigirá únicamente a quienes, teniendo los medios necesarios, eligen abandonar deliberadamente. (Con información de Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx)
