Cd. Victoria, Tam.-
Luego de que el Cabildo victorense aprobó por unanimidad el envío de una iniciativa al Congreso local para la constitución de un Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, el diputado presidente, Ramiro Ramos Salinas, adelantó que ésta será turnada después a las comisiones.
Confió en que la iniciativa sea aprobada para lograr una mejora de las relaciones entre la administración municipal y la sociedad en general.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas estuvo ayer en la presidencia municipal de Ciudad Victoria para entrevistarse con el alcalde Alejandro Etienne Llano y refirió que su visita es parte de la agenda que se desarrollará por parte de los legisladores.
Señaló que lo que se pretende es conocer de manera directa el avance de las acciones por emprender, para de esa forma apoyar desde el Congreso del Estado y desarrollar con mayor facilidad cada acción de gobierno.
Comentó que los legisladores locales tienen trabajo por realizar durante el periodo de receso legislativo y lo aprovecharán para realizar visitas a los ayuntamientos a fin de conocer las problemáticas que enfrentan.
Ramos Salinas recordó que tanto los ayuntamientos como la legislatura, tienen 9 meses de funciones, en los cuales se les han aprobado la mayor parte de sus solicitudes, por lo que es importante conocer el avance de la agenda municipal, estatal y federal, porque los diputados locales tienen esa responsabilidad de verificar cómo avanza la política pública en lo general.
El presidente del Congreso del Estado explicó que lo anterior se realiza con el fin de conocer tanto las necesidades como las acciones que se vayan a emprender y de esa forma en octubre inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, tener una agenda legislativa fuerte y para apoyar el trabajo del gobernador y los alcaldes.
La creación del tribunal se desprende de la necesidad de que la Justicia Administrativa Municipal de Tamaulipas evolucione mediante la creación de un órgano de solución de conflictos, que permita brindar mayor certeza jurídica a las determinaciones emitidas, con motivo de la inconformidad de algún ciudadano ante actos administrativos, dijo.
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