Monterrey, N.L.-
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), Olga Susana Méndez Arellano, señaló que uno de los principales desafíos del organismo sigue siendo la negativa de diversas dependencias gubernamentales para aceptar las recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos humanos.
Al entregar su informe anual de actividades al Congreso del Estado, la ombudsperson destacó que durante el último año se cerraron 20 expedientes mediante recomendaciones dirigidas a diversas autoridades estatales y municipales, mientras que en lo que va de 2026 ya se han emitido 19 resoluciones más.
Sin embargo, Méndez Arellano lamentó que varias dependencias estatales continúen rechazándolas.
Entre los casos cuyas recomendaciones no han sido aceptadas se encuentran los relacionados con las marchas feministas, la muerte de un menor por presunta negligencia médica y el desplome de un techo en una escuela primaria que dejó a estudiantes lesionados.
“No existe un argumento válido” para rechazar algunas de estas recomendaciones, afirmó, al referirse específicamente al caso de la escuela afectada, donde la Comisión continúa insistiendo para que la autoridad educativa reconsidere su postura debido a que existen otros planteles con problemáticas similares que podrían poner en riesgo a niñas y niños.
La presidenta de la CEDH explicó que los principales señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos continúan concentrándose en corporaciones de seguridad pública.
Entre las autoridades con más quejas figuran la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Educación, la Secretaría General de Gobierno, así como organismos como Agua y Drenaje de Monterrey, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, el Instituto de Defensoría Pública y el DIF estatal.
Indicó que durante el periodo se registraron más de 5 mil hechos violatorios reportados ante la Comisión, por lo que se han fortalecido acciones preventivas mediante programas de capacitación dirigidos a servidores públicos.
Tan sólo en materia educativa, informó, se capacitó a más de 32 mil personas a través de más de 500 cursos.
Méndez Arellano destacó que los municipios suelen aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión, al igual que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, mientras que algunas áreas de la Secretaría de Seguridad estatal también han comenzado a hacerlo.
Respecto a las dependencias que mantienen su negativa, explicó que la CEDH continuará insistiendo y, de ser necesario, solicitará la intervención del Congreso del Estado para que cite a comparecer a los funcionarios responsables y expliquen las razones de su rechazo.
La ombudsperson advirtió que no aceptar las recomendaciones afecta directamente a las víctimas, ya que las obliga a recurrir a instancias nacionales y prolonga los procesos de acceso a la justicia.
Méndez Arellano, también destacó acciones de colaboración con organismos internacionales, empresas y organizaciones civiles para promover el respeto a los derechos humanos, así como la elaboración de protocolos de atención entre cuerpos de seguridad y periodistas.
Asimismo, informó que la Comisión ya investiga de oficio el caso reciente donde el alcalde de El Carmen, Gerardo Alfonso de la Maza Villarreal, incurrió en una agresión hacia un mesero en un restaurant de San Pedro Garza García, situación que podría resolverse de manera expedita debido a la información disponible y a la relevancia pública de los hechos.
