Ante los ojos de empresarios, ganaderos, toreros y de todos los que de alguna manera participan en el mundo taurino, la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Carla Brugada, está a punto de dar la puntilla final a la celebración de las corridas de toros en la capital de la República.
Y el inminente desenlace en contra de la tradicional fiesta popular se vive en un marco en la inseguridad en el país se acrecienta y no obstante eso, todas las miradas políticas y de los anti taurinos se centran en borrar totalmente un espectáculo que gusta a muchos y que es el sostén de una buena parte de la economía de miles de personas.
Pero estas políticas anti corridas de toros no son nada nuevas, pues cíclicamente se han presentado a lo largo de nuestra vida como país. La historia señala varios episodios en los que por cuestiones personales, políticas, de presión social y hasta de moralidad, se cancelaron o prohibieron los espectáculos taurinos en la capital mexicana..
Dos presidentes de la República en los siglos XIX y XX llevaron a cabo dichas prohibiciones, el primero Benito Juárez, quien en el mes de noviembre de 1867 publicó un decreto en el que suspendía cualquier actividad taurina en la Ciudad de México fundamentando su decisión en una ley que señalaba cuáles deberían ser las diversiones y espectáculos públicos de acuerdo a la época.
La disposición fue antipopular por ser los toros el espectáculo con más arraigo en la sociedad mexicana, causó extrañeza toda vez que el producto económico de los festejos taurinos se aplicaba en las obras públicas de la ciudad, aún más cuándo el país estaba quebrado y las arcas de la nación en total debacle.
En esa época quienes clamaban por la desaparición de las corridas de toros lo hacían por razones de moralidad, elegir entre el bien y el mal, el peligro de la excomunión, la necesidad del orden y todas esas consideraciones, no necesariamente la defensa de los animales como nos lo hacen creer hoy en día.
Benito Juárez, en su afán de ser reconocido en el exterior como un gobernante interesado por la moralidad, tomó esa decisión argumentando el liberalismo de la época.
Vale la pena señalar que las corridas de toros en ese entonces despertaban el interés general de la gente y “desbordaba” las pasiones de los aficionados tal y como hoy lo vemos en otros espectáculos de carácter deportivo.
Otro presidente anti taurino fue Venustiano Carranza, quien quizá por cuestiones de carácter personal y por una admiración que tenía por Benito Juárez tomó esa decisión en octubre de 1916, haciendo eco a una campaña orquestada en un inicio por el periódico El Universal al poco tiempo de entrar en circulación en la capital mexicana.
La razón que el gobierno de Carranza usó para justificar la medida fue la de “reformar” a la civilización mexicana, no obstante la fiesta brava era como antes, el espectáculo popular más seguido y reconocido no solo en México, pues en España un torero como Rodolfo Gaona alternaba con lo más granado de la tauromaquia mundial.
Los “toros” eran una verdadera fiesta popular que representaba grandes recursos económicos para el desarrollo del país desde que Porfirio Díaz volvió a permitir las corridas.
. Un dato interesante es que la última corrida de toros antes de su prohibición en 1916 se organizó para pagar la deuda que tenía el país. En ese entonces el periódico “El Universal” continuaba con su campaña de desprestigio que denostaba a quienes ejercían la profesión taurina, tan es así que a las mujeres toreras las llamaban “marimachos”.
En la prohibición carrancista se volvía a justificar como una medida anti violenta entre los aficionados, como según decían había ocurrido en el porfiriato. Esa prohibición duró poco tiempo, pues fue derogada en 1919.
En fin, como lo señalan algunos historiadores, la fiesta brava ha estado siempre sujeta a los vaivenes de la política, a los gustos personales de los gobernantes, a la presión de grupos de poder, a muy variados y complejos intereses, lo peor del caso es que con estas actitudes, hacer a un lado a una fiesta popular de cientos de años que ha sido una legítima expresión cultural y que ha significado también una actividad de la que viven miles de familias.
en la época en la que se habla de respeto a la diversidad, a la igualdad y a la inclusión, un grupo de políticos y anti taurinos quieren desaparecer a una expresión popular por excelencia, la fiesta brava mexicana.
