La formalidad es algo de lo que no puede despojarse la actividad política incluso por muy populista que sea, en virtud de que todos los actos de gobierno se rigen por la formalidad, no por nada el artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad deberá ser fundado y motivado, y de ahí deviene el principio de que la forma es fondo.
Lo anterior estimo viene a cuento por la informalidad con que el presidente AMLO pretende se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato, que en aras de la austeridad propone que no intervenga el INE y con colocar casillas electorales seria suficiente.
Como diciendo para qué hacer tanto pedo si la cosa va estar tan simple como un “te vas, o te quedas”. Sin embargo, con todo y tener razón en cuanto a la sencillez para que la ciudadanía decida, no es cosa de dejar en manos desconocidas ese proceso de revocación del mandato que además como podrían oficializar o certificar si en efecto ratificaron o le revocaron el cargo a AMLO.
Una decisión así debe ser regida por reglas y entre ellas disponer qué hacer en el supuesto de que revoquen el mandato, que en mí opinión debiera acatarse lo dispuesto por el artículo 84 constitucional el cual prescribe que en caso de que si la falta absoluta del presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, el Congreso de la Unión designará por mayoría absoluta un presidente substituto quien concluirá el período.
En síntesis, revocar o ratificar el mandato no es una simplona decisión de la que cualquiera puede dar fe y sobre las rodillas, se requiere formalidad por medio de la institución encargada de esta actividad como lo es el INE a fin de darle legalidad y por ende certeza jurídica al proceso, no hacerlo así sería estropear esa herramienta política mediante la cual el pueblo podría castigar a un mal gobernante o bien reconocerle su eficiencia, aunque eso de castigar o reconocer está por verse que tan espontáneo será y de esto en otra ocasión les comento.
