El sistema educativo de un país descansa, en primer lugar, en la cobertura total de los alumnos en edad escolar y, en segundo término, en la calidad con que se cumplen los programas por parte de los profesores y la atención del personal de una institución.
Por eso es importante el apoyo que prestan al gobierno las escuelas privadas, pues la explosión demográfica no permite el acceso a miles de niños a la escuela pública o los padres de familia optan por un trato más personalizado para sus hijos con resultados más eficaces, piensan ellos. Y miles de jóvenes que aspiran a ingresar a las universidades públicas, al no alcanzar lugar, también se ven en la necesidad de recurrir a una institución privada, y muchos otros optan por éstas al sentir que su preparación es más adecuada.
Así es que la escuela privada descarga al gobierno de una obligación constitucional, y al mismo tiempo aprovecha la oportunidad para hacer negocio con la educación a través de inscripciones y cuotas mensuales. Sólo que hay un gran pero.
Y ese pero consiste en impartir clases sin contar con la autorización oficial, y en el caso de las universidades el título no tiene validez legal. Por tanto puede considerarse que los alumnos y sus padres o tutores han sido esquilmados y sorprendidos al no darse cuenta a tiempo que se trata de escuelas “patito”, por no apegarse a las normas estrictas gubernamentales aunque la formación que ofrezcan sea de primera.
Sin embargo, ese pero se dimensiona más cuando, además de no contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE), tampoco cumplen con la calidad de la enseñanza y el término “patito” adquiere su dimensión real, pues no tienen laboratorios para prácticas ni, a veces, maestros capacitados. Son, entonces, un verdadero fraude y lo terminan pagando los muchachos de condición social más humilde.
En ese triste panorama se encuentran quienes estudian en diez universidades instaladas en Matamoros, pues en una revisión de cada caso, se halló que dichas instituciones están aprovechando el boom por la extracción de petróleo en aguas profundas, frente al puerto fronterizo, para ofertar programas sin acreditarlos debidamente antes de empezar a operar.
Las carreras relacionadas con dicha actividad técnica son un atractivo para quienes buscan trabajar inclusive durante sus estudios, pero no investigan bien a bien si donde se inscribieron han cumplido con todos los requisitos de la Secretaría de Educación, y pueden correr el riesgo de tener un título inválido oficialmente.
Ingeniería química, petrolera y ambiental se oyen bien en estos momentos de promesas y más promesas de empleo en estas áreas que están detonando el crecimiento de escuelas de estudios superiores, pero sin apegarse a los principios básicos de la legalidad, aunque no se discute su calidad académica.
Por principio de cuentas las únicas universidades establecidas con todas las de la ley son la Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Tecnológica y el Instituto Tecnológico de Matamoros, como entidades públicas, además de las privadas: Universidad Santander, Universidad de Ingenierías y Ciencias del Noreste (ICN), Universidad Valle de México y Centro Universitario del Noreste (CUN).
Todo porque se quedan entre 3 mil y 3 mil quinientos muchachos fuera de la captación pública, que son pocos comparados con los 15 mil alumnos que no alcanzarán sitio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo.
Pero con todo y que son menos en este plan comparativo, tienen derecho a una formación integral plena, y el gobierno debe vigilar que no haya escuela que los esquilme por no cumplir institucionalmente con los requisitos del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE).
Ahí tiene don Egidio y sus colaboradores una tarea pendiente, para meter la mano a tiempo en esas escuelas antes de que empiecen a cobrar cuotas de inscripción y colegiaturas, sembrando ilusiones de titulación que pueden devenir en un fraude.
