Uruguay es el primer país en Latinoamérica en legalizar la producción, distribución y venta de mariguana. A partir del martes los uruguayos mayores de 18 años podrán cultivar seis plantas para autoconsumo.
El estado la cultivará junto con productores uruguayos y la exportará, ya sea en planta o semillas, a los países que la soliciten, tiene contemplado producir 25 toneladas anuales, las que según dice el gobierno es lo que se mueve en el mercado negro.
No habrá publicidad autorizada para promover el consumo de este producto, no la podrán consumir menores de 18 años, habrá fumaderos especiales, y se realizarán campañas para prevenir que los uruguayos caigan en esta práctica.
En Uruguay el gobierno decidió quitarse la careta, e intenta arrebatarle a los cárteles el control sobre este producto legalizándolo.
En México hay documentos que prueban que en el siglo 19 el consumo de estupefacientes como mariguana, opio y cocaína con fines medicinales era cosa común, había fumaderos de opio y hachís, frecuentados especialmente por inmigrantes asiáticos, pero los mexicanos no se quedaban atrás, gente de toda clase social participaba de esta práctica. Los farmacéuticos controlaban estos medicamentos y los expendían en forma de jarabes e incluso como refrescos.
A partir de los años 30 las cosas cambiaron, la prohibición sobre estos productos derivó en la creación de un mercado de producción, tráfico y consumo de estupefacientes que ha llevado a México a librar una de las guerras más sanguinarias de que se tenga memoria en época moderna, contra quienes se dedican a esta actividad todavía proscrita en el país.
El académico, Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en su libro El Siglo de las Drogas. El narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio. Hace un recorrido sobre cómo evolucionó la producción y venta de estos productos en México y cómo poco a poco se fueron integrando las organizaciones que actualmente controlan ese mercado tan codiciado y que genera ganancias multimillonarias.
En Uruguay el gobierno decidió hacer este experimento, al que pide se sumen otras naciones, como una forma de quitarle el control de la producción de ciertos estupefacientes a las bandas criminales.
En México hay una reticencia en admitir que aún con la prohibición estamos infestados de drogas, de todo tipo, desde las suaves, hasta las duras.
Todas se pueden conseguir. Es hasta risible cómo el gobierno en todos su niveles “combate” esta actividad y el consumo, pero está comprobado que las personas más tardan en conseguir un litro de leche, que un carrujo de mariguana.
Hay una tendencia a negar lo que existe, y es un mercado constituido por mexicanos de todas las edades que tienen afición a las drogas. Que acostumbran fumar mariguana o inhalar cocaína, estas prácticas están incorporadas entre gente de todos los estratos sociales, entre hombres y mujeres, no hay distinción.
Lo que sí hay es una gran hipocresía, por un lado los ciudadanos no admiten su dependencia a las drogas en manera pública, y por otra, las campañas de prevención entre los jóvenes son un absoluto fracaso.
Pero ello conlleva presupuestos millonarios que se ven diluidos ante la gravedad del problema, en México miles de millones de pesos se gastan en campañas preventivas, entre las que se encuentran pasear a “artistas” de Televisa para crear conciencia y alejar del consumo de drogas a los jóvenes, sin tomar en cuenta que es esta empresa la que tiene un gran problema entre su personal artístico de adicciones a todo tipo de sustancias, hecho público en los programas de esta misma televisora.
Luego está el presupuesto destinado a la prevención y combate de la delincuencia generada por los cárteles del narcotráfico, cuya efectividad está más que cuestionada. En lugar de destinar esos presupuestos a fomentar la educación y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
El ejemplo que da Uruguay al mundo implica que esos grandes negocios que se dan en la clandestinidad, como ocurría en los años 20 con el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, tendrán que someterse a la legalidad y al escrutinio público, y dejarían de ser fuente de negocio para funcionarios y policías mexicanos.
Y es este punto, la pérdida de sus ingresos y millonarias ganancias derivadas de la ilegalidad, no la salud, ni la paz, de los mexicanos, lo que preocupa a esos sectores poderosos de la sociedad mexicana.
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