La desclasificación del expediente del caso de los migrantes localizados muertos en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, abrirá la posibilidad de hacer justicia a estas personas que fueron secuestradas y asesinadas en el 2010 y 2011.
Las masacres de San Fernando y Cadereyta rebasan la cifra de víctimas mortales de los atentados ocurridos en París, sin embargo por ellos no se levantó una ola de indignación mundial como está pasando en Francia a la que incluso el gobierno mexicano se ha unido, y a no ser por organizaciones civiles y de derechos humanos que están peleando se haga público el expediente, ninguna autoridad de ningún nivel gubernamental ha dado muestras de querer hacer justicia en estos casos que ofenden y lastiman a todos, especialmente a aquellos que son deudos de los migrantes asesinados.
Las interrogantes expuestas en el portal Animal Político van desde: “¿Quién ordenó el secuestro de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas? ¿Por qué fueron sepultadas más de 200 personas en fosas sin que nadie lo notara? ¿Quiénes son los policías involucrados en la masacre? ¿Dónde estaban los puestos federales y de la Marina mientras decenas de autobuses de migrantes eran detenidos? ¿Qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de que esto ocurriera? ¿Cómo fue posible que se enviaran cuerpos equivocados a las familias?”.
Una larga, larga lista de preguntas que ahora mismo no tienen una respuesta contundente y creíble. Pero que esperamos que con la desclasificación por fin se resuelva este misterio ejemplo de barbarie en el siglo XXI.
La SCJN está oponiéndose a la Procuraduría General de la República que apeló al Instituto de Transparencia para que la protegiera y evitara la desclasificación con el argumento de que la averiguación sigue abierta.
Pero la máxima autoridad judicial del país dictaminó que en caso de violaciones a los derechos humanos no opera el secretismo y no se puede evitar que se abra el expediente, sobre todo porque a cinco años de distancia no ha habido una resolución en los casos de San Fernando y Cadereyta.
“El juez ordenó que el caso fuera desclasificado y amonestó a la PGR y al IFAI por utilizar como argumento el referido artículo 16 declarado por la Corte como anticonstitucional. Al IFAI lo acusó además de actuar contra Derecho aludiendo que no tenía facultades para declarar con fines de transparencia que el caso era grave”, indica la nota.
En la búsqueda de la verdad están trabajando tanto el relator especial de Naciones Unidas, como la organización Artículo 19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana.
Estas masacres están tomando el nivel de importancia de lo sucedido en Tlatlaya y Ayotzinapa porque, al igual que en éstas, se presume la participación de autoridades que tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando y no hicieron lo que les correspondía para evitarlo.
Una vez desclasificado el expediente, tendrá que abrirse una investigación contra quienes resulten responsables por participación o por omisión, y no se puede descartar que una vez dado el fallo de la SCJN se ordene el resarcimiento del daño a la autoridad que resulte responsable y además, se debe pugnar por la no repetición de la violación a los derechos humanos de las víctimas, tanto de los asesinados como los sobrevivientes, en este caso sus familias. Algo que en México aún no está contemplado en ninguna legislación.
San Fernando es, sin lugar a dudas, la tormenta que viene, desclasificar el expediente es el primer paso para empezar a expiar culpas y alejar fantasmas, sólo así Tamaulipas podrá entrar a otro estadio de existencia, de otra forma continuará cargando a sus muertos.
