Ginebra, Suiza.-
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas en el estado de Texas.
Dijo que la ejecución está en clara violación de la ley internacional y de las obligaciones del gobierno de Washington y llamó al Congreso de Estados Unidos a tener una acción más contundente en lo que se refiere a la pena de muerte.
“Las autoridades federales y el Congreso deben tomar acción sobre esto y establecer una moratoria sobre la pena de muerte a nivel federal”, dijo en rueda de prensa en Ginebra el portavoz del ACNUDH, Rupert Colville.
Asimismo, “es importante señalar que con la ejecución de Hernández el estado de Texas compromete la responsabilidad internacional del país, pues no se puede decir que esto es solamente un asunto que compete a Texas”, explicó.
“Lamentamos profundamente la ejecución del mexicano Hernández Llanas, quien es la décimo sexta persona ejecutada en Estados Unidos y la sexta en el estado de Texas”, señaló.
Recordó que la Alta Comisionada en varias ocasiones se ha pronunciado sobre este asunto particular conocido como el caso Avena, en el que la Corte Internacional de Justicia falló a favor de la revisión y reconsideración de los casos de 51 mexicanos condenados a muerte, incluyendo a Hernández, que no tuvieron asistencia consular acorde a lo estipulado en la Convención de Viena firmada por el gobierno estadunidense.
“El hecho de no tener acceso a la asistencia consular afecta el derecho de la persona juzgada al debido proceso”, subrayó.
“La ejecución de un extranjero sin la garantía a sus derechos de asistencia consular constituye una privación arbitraria de la vida”, afirmó Colville, quien reconoció la “frustración” del ACNUDH ante la actitud y la falta de responsabilidad del gobierno de Texas.
“La ONU se opone a la pena de muerte como principio fundamental y una vez más la ejecución de Hernández pone a Estados Unidos en clara violación de la ley internacional”, reiteró el portavoz de Pillay.
Hernández Llanas es el cuarto mexicano ejecutado del grupo considerado en el Caso Avena desde 2004 y el segundo en menos de tres meses después de Edgar Tamayo en enero pasado. Asimismo fueron ejecutados José Medellín en 2008 y Humberto Leal en 2011.
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