Ciudad de México.-
La consolidación fiscal fue un régimen especial que permitió, durante más de tres décadas, que los grandes grupos empresariales en México presentaran sus declaraciones de impuestos como si fueran una sola entidad. Con ello, las utilidades y pérdidas de las distintas subsidiarias podían compensarse entre sí, lo que generaba un pago menor al fisco en el corto plazo.
La figura fue introducida en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en 1982, en un contexto de crisis económica. Su objetivo era fortalecer a las corporaciones nacionales, otorgarles liquidez e impulsar la inversión y la creación de empleos.
Abusos y problemas del régimen
Con el paso de los años, el mecanismo se convirtió en una puerta de abusos fiscales. Diversos grupos empresariales inflaron o trasladaron pérdidas entre compañías, diferían indefinidamente el pago de impuestos y generaban una competencia desigual respecto a pequeñas y medianas empresas que sí cumplían con la totalidad de sus obligaciones fiscales.
Las críticas se intensificaron en la década del 2000, cuando los beneficios diferidos alcanzaron montos multimillonarios. En 2010, se aprobó una reforma para obligar a los grupos a pagar parte de los impuestos postergados, pero el esquema continuó hasta 2013.
Desconsolidación fiscal y fin del régimen
Con la Reforma Fiscal de 2014, la consolidación fue eliminada y sustituida por el Régimen Opcional para Grupos, caracterizado por reglas más estrictas y plazos definidos para cubrir los impuestos diferidos. A partir de 2018, la política fiscal se endureció bajo el principio de “cero privilegios fiscales”, buscando una tributación más equitativa.
Juicios y adeudos millonarios
La eliminación del régimen derivó en múltiples litigios. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó casos en los que grandes corporaciones no regresaron las pérdidas fiscales indebidamente aplicadas en ejercicios pasados.
Un ejemplo es el de un grupo empresarial con nueve casos abiertos, que en conjunto suman más de 48 mil millones de pesos en adeudos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
Pérdidas infladas en la venta de acciones.
Traslado indebido de pérdidas entre empresas.
Gastos no deducibles registrados como deducciones fiscales.
Falta de reversión de pérdidas aplicadas en años anteriores.
En la mayoría de estos casos, los tribunales han dado la razón al SAT en primera y segunda instancia. Actualmente, varios de los asuntos se encuentran pendientes de resolución definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Marco constitucional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de monopolios, prácticas monopólicas, condonaciones y exenciones fiscales fuera de lo previsto en la ley. La eliminación de la consolidación fiscal y el reforzamiento de la fiscalización buscan precisamente garantizar un sistema tributario justo y equitativo, donde ningún contribuyente tenga privilegios indebidos frente a otros.
En conclusión, la consolidación fiscal fue concebida como una herramienta para fortalecer la economía nacional, pero derivó en un mecanismo de evasión y diferimiento de impuestos. Su eliminación en 2014 marcó el inicio de un periodo de mayor control y equidad, aunque los litigios abiertos muestran que sus efectos todavía pesan en la política fiscal mexicana.
