Cd. de México.-
La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que las sanciones impuestas contra la empresa Odebrecht y sus representantes legales fueron conforme a derecho, luego de identificar irregularidades en la ejecución de contratos suscritos por la constructora y sus filiales con Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un comunicado, la dependencia dirigida por Arely Gómez informó que en lo que se refiere a “su compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas” para reducir las sanciones, la empresa no entregó elementos de prueba por lo que fueron improcedentes.
La dependencia dijo que en marzo de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. (Odebrecht) presentó un escrito en el que manifestó su intención de “colaborar (confesar) con las autoridades competentes”, a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de reducción de sanciones previsto en Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).
“En respuesta a lo anterior, la SFP le requirió que presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación y confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba en términos de la LFACP”.
La dependencia explicó que en abril de 2017 la empresa solamente presentó un escrito sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta.
En junio de 2017, la SFP le notificó a la constructora que no era procedente su petición de reducción de sanciones, en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción.
Empero, la SFP dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas.
“Ante ello, Odebrecht interpuso Juicio de Amparo, mismo que fue resuelto en favor de la SFP al haber sido declarado improcedente por un Juez Federal, quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción”.
Odebrecht consideró como “infundadas e improcedentes”, las sanciones administrativas en contra de su subsidiaria en México que anunció la Unidad de Responsabilidades de la SFP, que les impide participar en contrataciones públicas federales.
Las sanciones económicas ascienden a 543 millones 488 mil 615 pesos para cada una de las empresas, mientras que los representantes legales recibieron una multa por un millón 262 mil 222 pesos cada uno.
