Monterrey, N.L.-
El Congreso del Estado aprobó por mayoría la expedición de una nueva Ley de Educación, con la que se busca modernizar el sistema educativo estatal y atender los retos actuales en materia de inclusión, tecnología y bienestar estudiantil.
El nuevo marco normativo, dictaminado en una sesión que duró más de siete horas, establece un enfoque integral que coloca en el centro a las y los estudiantes, con medidas orientadas a garantizar el acceso equitativo, fortalecer la salud mental y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI.
El dictamen, de 215 artículos y 15 transitorios, tuvo el respaldo de 27 diputados del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Morena.
En tanto, nueve diputados de Movimiento Ciudadano, así como dos legisladores de Morena, votaron en abstención, al considerar que la ley “nacía muerta”, por no haber condiciones financieras para llevarla a su cumplimiento.
Entre los principales avances destaca la incorporación de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en los planes de estudio, así como la creación del Registro Educativo para la Neurodivergencia (RENE), que permitirá diseñar apoyos específicos para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones.
Asimismo, la legislación contempla la capacitación del personal docente en materia de salud mental, con el objetivo de detectar oportunamente casos de ansiedad, depresión o conductas de riesgo, además de promover la presencia de profesionales de la psicología en escuelas públicas de nivel básico.
En el ámbito tecnológico, la ley incorpora contenidos de cultura digital, inteligencia artificial y pensamiento computacional, además de fortalecer el modelo de educación dual para vincular a los jóvenes con el sector productivo, además de incluir programas de educación financiera desde nivel básico.
Para apoyar la economía familiar, se establece la obligación de publicar con anticipación las listas de útiles escolares y se eleva a rango legal el derecho a recibir uniformes y calzado gratuito.
En materia de seguridad, se promueve el uso de mochilas transparentes y la contratación de seguros contra daños y robos en planteles.
La normativa también garantiza la permanencia escolar de estudiantes madres, al prohibir negar el acceso a las aulas a quienes tengan hijos menores de dos años, además de contemplar espacios de lactancia y flexibilidad académica.
En cuanto al magisterio, se prioriza la reducción de la carga administrativa y se establece asesoría legal para docentes en situaciones derivadas de su labor.
El dictamen, de 733 páginas, fue el resultado de más de un año de mesas de trabajo que incluyeron a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sindicatos, padres de familia y especialistas.
Tras la presentación del documento, la presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal Valdez, destacó que esta legislación es resultado de más de un año de trabajo, diálogo y consenso entre autoridades, especialistas, docentes y sociedad civil.
“Esta ley no es de un partido, es un proyecto de estado, el sistema fallaba cuando un niño como Adrián, con autismo, era rechazado de una escuela. Hoy, la discapacidad no es un límite para aprender, sino un llamado a enseñar mejor”, expresó.
La legisladora subrayó que la ley representa un cambio de visión al reconocer que la educación no solo implica la enseñanza de contenidos, sino la formación integral de las personas, con un enfoque inclusivo y humano, toda vez que “la educación no es un trámite, es una oportunidad de vida”, afirmó.
Villarreal Valdez señaló que el nuevo marco legal responde a una realidad en la que el sistema educativo había quedado rezagado, particularmente en temas de inclusión, al recordar casos de estudiantes con discapacidad que han sido excluidos de las aulas.
Indicó que, con esta ley, la inclusión deja de ser una intención para convertirse en una obligación del Estado, al establecer condiciones para que todas las escuelas atiendan la diversidad de su alumnado.
La diputada también destacó que el proceso incluyó mesas de trabajo sobre educación dual, menstruación digna, transporte escolar y educación superior, así como consultas con personas con discapacidad, cuyos testimonios evidenciaron rezagos en materia de accesibilidad.
Agregó que la legislación reconoce los derechos de pueblos originarios e indígenas, al contemplar acciones para garantizar educación pertinencia cultural y lingüística.
Finalmente, advirtió que el principal reto será la implementación de la ley, al señalar que su impacto dependerá de su correcta aplicación en las aulas.
Aprueba Congreso nueva Ley de Educación en NL; prioriza inclusión, salud mental e innovación
