Montemorelos, N.L.-
El Congreso del Estado aprobó penas de cárcel hasta por cuatro años e inhabilitación para servidores públicos, por maltrato animal, a través de reformas al Código Penal de Nuevo.
Durante sesión ordinaria celebrada en este municipio, las distintas bancadas respaldaron por unanimidad la iniciativa impulsada por el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano.
Con el objetivo de aplicar castigos más severos y evitar la impunidad, el Pleno avaló el dictamen presentado por el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Javier Caballero Gaona.
Así, las modificaciones al Artículo 445 del Código Penal establecen que las sanciones por maltrato o crueldad animal podrán alcanzar hasta cuatro años de prisión y una multa de trescientas a quinientas cuotas, especialmente en casos donde el animal resulte gravemente lesionado o muerto.
La reforma define que el delito de maltrato será acreditado por hechos objetivos como lesiones evidentes, desnutrición, abandono, falta de atención veterinaria o confinamiento extremo o indigno, eliminando criterios vagos o subjetivos.
Establece que si el responsable del maltrato es un servidor público encargado del cuidado o resguardo de animales domésticos, será castigado con la inhabilitación o suspensión para ejercer cargos públicos por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
Las reformas limitan la posibilidad de sustituir las penas (como el trabajo comunitario o el tratamiento psicológico) únicamente a los casos donde no exista dolo ni agravantes, asegurando que los actos de crueldad intencional no se resuelvan con castigos menores.
Al votar a favor del dictamen, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, subrayó que la medida es una “respuesta colectiva de la sociedad que ya no está dispuesta a tolerar el maltrato animal”.
La legisladora expuso que el paquete de reformas incluye la iniciativa que presentó el 17 de septiembre, a raíz de lo ocurrido en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, donde se denunciaron sacrificios masivos, desnutrición y hacinamiento.
“Esta iniciativa no busca únicamente castigar más fuerte, sino garantizar que esos horrores no vuelvan a repetirse; el mensaje del Congreso es claro: el maltrato y la crueldad animal no son un detalle administrativo, sino delitos graves que deben prevenirse, perseguirse y sancionarse”, afirmó González Elías.
Además, resaltó que la protección animal es también una medida de seguridad comunitaria, pues “donde hay maltrato animal, suele haber otros tipos de violencia y riesgos a la salud pública”.
