Monterrey, N.L.-
A efecto de fortalecer la protección y garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes bajo resguardo institucional, la diputada local Cecilia Robledo Suárez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León.
La propuesta, dijo, surge a partir del caso de Ángel Moreno, menor que permaneció bajo custodia del DIF durante más de una década y que falleció el 9 de febrero de 2022 en las instalaciones del DIF Fabriles.
Dicho deceso, expuso Robledo Suárez, se dio en circunstancias que posteriormente fueron calificadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como una privación intencional de la vida y un crimen de Estado, de ahí que la iniciativa esté enfocada en prevenir abusos, negligencias y actos de violencia en centros del Sistema DIF.
Durante la exposición de motivos, la diputada recordó que Ángel denunció, junto con otros adolescentes, malos tratos por parte del personal del DIF en noviembre de 2021, tras lo cual fue sometido con violencia, sedado y trasladado a un centro que no contaba con la capacidad para atender sus necesidades médicas y psicológicas.
Testimonios señalan que el menor agonizó por más de 10 horas sin recibir atención médica oportuna, y su cuerpo fue cremado en menos de 48 horas, lo que impidió la realización de una autopsia.
En mayo de 2023, un juez vinculó a proceso a dos exfuncionarios del DIF Fabriles por los delitos de homicidio y encubrimiento, mientras que la CEDH emitió la Recomendación 01VG/2023, en la que determinó que se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y al interés superior de la niñez.
Ante este contexto, la iniciativa de la diputada Robledo plantea modificaciones clave, entre ellas reforzar los procesos de evaluación y certificación de familias de acogida y adoptantes, incorporando criterios psicológicos, médicos, socioeconómicos y capacitación obligatoria en derechos de la niñez.
Asimismo, propone que el DIF, en coordinación con la CEDH, instale módulos permanentes de atención y recepción de quejas dentro de sus instalaciones estatales y municipales.
La reforma también contempla sanciones específicas para servidores públicos y personal de instituciones asistenciales que difundan información o imágenes de menores, manipulen expedientes para ocultar hechos, o proporcionen alimentos que no cumplan con los estándares nutricionales necesarios.
Además, se incorpora la obligación del DIF de brindar acompañamiento y seguimiento a jóvenes que egresen del sistema al cumplir la mayoría de edad, para favorecer su autonomía e inclusión social.
La legisladora panista subrayó que cuando el Estado asume la custodia de una persona menor de edad adquiere una responsabilidad reforzada sobre su vida, salud y dignidad, por lo que cualquier daño ocurrido en ese contexto compromete directamente su actuación.
Señaló que el caso de Ángel Moreno evidencia fallas estructurales que deben corregirse para evitar que hechos similares se repitan.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión en el Congreso del Estado, con el fin de avanzar hacia mecanismos más estrictos de supervisión, protección y rendición de cuentas en los centros de asistencia social de Nuevo León.
