Monterrey, NL.-
En vísperas de la renovación del Congreso local y los 51 ayuntamientos de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó un diagnóstico legislativo sobre el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en la entidad, en el que se detectaron diversas “disposiciones ambiguas” que originan transgresiones a sus miembros.
De acuerdo al estudio, expuesto por la presidente del organismo, Sofía Velasco Becerra, en el estado no se ha hecho lo pertinente para reconocer los derechos de la comunidad, ya que actualmente existen 13 Leyes estatales que no mencionan el derecho a la no discriminación de la diversidad sexual y 35 reglamentos municipales los ponen en riesgo ante la falta de claridad de sus términos sobre “buenas costumbres y “moral”.
El diagnóstico está dividido en tres capítulos: reivindicación de los derechos humanos de las personas LGBTI, análisis de la legislación estatal y reglamentos municipales, especialmente sobre policía y buen gobierno.
Con la presencia de activistas de la comunidad LGBTI de Nuevo León, Velasco Becerra mencionó algunas de las 32 propuestas de reforma que se derivan del diagnóstico y que incluyen el Código Penal, Código Civil, la Ley del Registro Civil, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar.
También contempla cambios -por adición o modificación a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley apea Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo Léon, la Ley Estatal de Salud, la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Educación.
Entre las Leyes estatales que se buscan armonizar está de permitir el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de parejas homoparentales, la resignación sexogenérica en las actas de nacimiento, entre otras.
En lo que respecta a los municipios, el diagnóstico demuestra que 68 por ciento de los mismos sanciona los “actos contra la moral y las buenas costumbres” mientras que el 45 por ciento castiga la “vida sexual anormal”, basado en términos ambiguos que los dejan a la libre interpretación de los funcionarios públicos.
Acorde a Velasco Becerra, de 2016 a la fecha se han comprobado ocho violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTI en Nuevo León por parte de funcionarios públicos y por las cuales se han emitido recomendaciones.
“En estos casos, las autoridades de seguridad pública refieren, por ejemplo, que al momento de la detención de personas lesbianas, gays y transexuales, están cometiendo actos inmorales y señalan como base de su actuación estos reglamentos de Policía y Buen Gobierno, además de que utilizan un lenguaje sexto y ofensivo en razón de la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas”, señaló la presidente de la CEDH.
A los casos mencionados se le suman siete quejas más en 2017 y nueve en lo que va de 2018 que se siguen analizando sobre abuso de las autoridades contra la comunidad LGBTI.
Acorde a la presidente de la CEDH, los resultados del estudio se pondrán a disposición de la sociedad en general y de las autoridades estatales y municipales para “que sirva como instrumento de estudio para el Congreso del Estado y los cambiados de los municipios de Nuevo Léon para que, en consideración de lo presentado, lleven a cabo un proceso de armonización de Leyes y Reglamentos”.
