Monterrey, N.L.-
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Eduardo Gaona, aseguró que sus homólogos priistas y panistas podrían ser sancionados de manera administrativa y penal hasta con ocho años de prisión por parar labores en el Parlamento.
“El no venir a sesionar se puede considerar un delito de coalición, esto se marca en el artículo 213 de nuestro Código penal en donde se establece que si se obstaculiza la labor legislativa o de administración pública se puede llegar a configurar eso, las sanciones varían de dos a ocho años de prisión”, indicó.
Por su parte la diputada Iraís Reyes agregó que los legisladores priistas y panistas también pueden ser acreedores a sanciones administrativas como multas o hasta la destitución del cargo, pues ningún acuerdo está por encima del reglamento del Congreso.
“Hay una principio de jerarquía normativa y un acuerdo del Congreso no está por encima del reglamento.
“El reglamento señala que tenemos que venir a sesionar lunes, martes y miércoles de 11:00 a 14:00 horas si los diputados aprueban esto están violando el reglamento y son objeto de responsabilidad administrativa, es decir, sanciones desde una multa, una destitución del cargo”, precisó.
Resalto que ellos no pueden votar no ir a sesionar si la Ley Orgánica y su reglamento así lo marca,, esto según un Principio General del Derecho a la Supremacía de Normas, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Gaona aseguró que en la batalla jurídica, los diputados del PRI y PAN no le van ganar al Ejecutivo, por eso ahora están parando labores.
“Cerrar el Congreso porque no les gustó una resolución, creo que no es válido, un día de sesión cuesta 150 mil pesos, hablo solamente del Pleno, es lo que la gente tiene que pagar. Si dicen que todo está paralizado que PRI y PAN no cobren.
“El berrinche de Carlos de la Fuente está saliendo muy caro, no solamente para la gente de Nuevo León sino también para su propia bancada, pero también la complicidad del PRI está saliendo muy cara”, añadió.
Señaló que la resolución del amparo 407 hace referencia al decreto 340 en donde le restan facultades al gobernador Samuel García en temas como la designación del Fiscal General, el titular del SAT Nuevo León, entre otros rubros.
“Me parece muy lamentable que el coordinador del PAN quiera confundir diciendo que para qué están en el Congreso si les quieren tumbar presupuesto y todo lo que han reformado; aquí está muy claro lo que señala el juez, haciendo referencia al decreto 340 en donde le quieren quitar facultades al Ejecutivo”.
Dijo que el fallo a favor del Ejecutivo no es exclusivo de Nuevo León, pues hay antecedentes en Chihuahua con Corrales, Baja California con el gobernador Bonilla en donde legisladores locales le querían quitar facultades.
“Cuando al PAN si le gustan las cosas lo aplaude, es el mismo juez que le concedió una suspensión al ex gobernador de Tamaulipas panista, pero cuando se la concedió al gobernador Samuel García ahí le sacan fotografía y piden investigarlo”, comentó Gaona.
Aclaró que no únicamente cuentan con suspensiones de Tamaulipas, pues también en Nuevo León les concedieron amparos jueces Federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Queremos mostrar pruebas contundentes para desmentir las declaraciones que está sacando el PAN y sobre todo dar a conocer la verdad sobre las acciones jurídicas que está emprendiendo el Gobernador y que hemos emprendido nosotros como bancada de Movimiento Ciudadano.
“En resumidas cuentas es falso que un juez Federal de Tamaulipas haya otorgado este tipo de suspensiones, hoy por hoy contamos con dos suspensiones de jueces Federales de Nuevo León, una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto la del juez de Tamaulipas y el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Son hombres y mujeres que imparten justicia y que van hacia la misma idea que en este Congreso se cometen irregularidades y ilegalidades que afectan a la ciudadanía”, manifestó.
