Monterrey, NL.-
Presupuestados hasta en tres ocasiones, fondos por miles millones de pesos que el Gobierno del Estado debió usar para la ampliación de los penales de Nuevo León, no han sido ejercidos ni los responsables de las áreas correspondientes han dado cuenta de su paradero.
Por ello, para esclarecer el destino y uso de estos recursos aprobados por el Congreso del Estado a la administración del mandatario Jaime Rodríguez Calderón, legisladores del PRI presentaron un exhorto para que se informe al Poder Legislativo de ello.
El acuerdo, planteado por el coordinador priista Francisco Cienfuegos Martínez, fue aprobado por todas las fracciones legislativas.
En la exposición de motivos se establece que “en los últimos años los Centros de Reinserción Social en nuestro Estado han presentado diversos episodios de violencia en los que se ha dejado ver la poca atención del Estado a las necesidades de dichos Centros”.
“Lo cual, agrega el documento, se pone de manifiesto pues de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria los Penales de Nuevo León se encuentran entre los peores calificados a nivel Nacional, con un promedio entre los tres de 5.02 en el 2016; siendo el de Apocada el peor calificado con una calificación de 4.45, seguido por el de Cadereyta con 4.53 y Topo Chico con 5.01”. se detalla.
Además, se precisa que entre los problemas señalados se encuentran las pocas garantías a la integridad física de los internos y las condiciones de inseguridad e insalubridad que prevalecen en dichos Centros de Reclusión.
Ese diagnóstico, refiere el exhorto, se revela “por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que los Centros Penitenciarios de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico presentan su peor calificación desde el año de 2006.
“Es importante hacer menciónque los penales tienen años con poca atención, sin embargo gracias a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como Asociación Gilberto y Promoción de Paz en el Cereso de Apodaca ha tenido cambios significativos”.
Sin embargo, derivado de esto, durante el evento de su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón anunció la ampliación del CERESO de Apodaca durante la primera semana del mes de noviembre del 2017, sin que se iniciaran las obras en dicho Centro.
“Posteriormente, en el mes de diciembre de 2017, se anunció de nueva cuenta la ampliación del Penal de Apodaca para arrancar el 20 de diciembre con una inversión total en el proyecto de mil 300 millones de pesos, dicha obra albergará aproximadamente a mi 400 presos”, apunta el documento presentado este miércoles en el pleno del Congreso.
Se desglosa que “de la inversión total de mil 300 millones de pesos, 716 millones estarían destinados a la construcción de la ampliación de dicho penal, y el resto a la parte de servicios y tecnología. Sin embargo, no obstante que el 10 de septiembre del año en curso el coordinador del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, Enrique Torres Elizondo, anunció en entrevista que se cuenta con todos los recursos para el desarrollo y terminación de la obra de ampliación del Centro de Reinserción Social de Apodaca, a la fecha la misma se encuentra detenida”.
Empero, “sin que nadie explique los motivos por los que no se avanza con la obra, lo cual es de suma importancia, pues de ello depende el inicio en la ampliación del Centro de Reinserción Social de Cadereyta, lo que ayudará a tener mayor capacidad en cada uno de ellos para reubicar y quitar la sobrepoblación de internos que existe actualmente en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, y con ello proporcionar seguridad y mejores condiciones a los internos en dichos Centros Penitenciarios”.
“Es por lo anterior que considero de gran importancia no solo ampliar los penales del Estado, sino que dichas construcciones sean para el grupo de reos que sufren alguna enfermedad mental razón por la cual requieren atención y seguridad especial”, enfatizó Cienfuegos.
“El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, refirió el diputado, durante el 2017 aumentaron los homicidios en las cárceles de México; y particularmente en el Nuevo León, del 2015 a la fecha se han registrado al menos ocho incidentes violentos en los penales del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, lo que ha dejado más de 50 muertos y decenas de heridos, concluyendo que el problema principal de las cárceles está relacionado con el hacinamiento y sobrepoblación”.
“Por tal motivo, la LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y respetuoso exhorto al Coordinador del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos del Estado, Enrique Torres Elizondo, para que informe el estado que guardan los recursos destinados para la ampliación del Centro de Reinserción Social de Apodaca, así mismo que se sirva a señalar si ducha área está programada para ser usada para reos con problemas de salud mental”.
El exhorto fue signado por los diputados priistas Francisco Cienfuegos, Álvaro Ibarra Hinojosa, Juan Manuel Cavazos, Marco Antonio González, Alejandra Lara Maíz, Adrián de la Garza Tijerina, Alejandra García Ortiz, y Melchor Heredia Vázquez.
