Monterrey, N.L.-
A fin de castigar con hasta seis años de prisión a los agentes de tránsito que extorsionen a ciudadanos, frenando así la corrupción y el abuso de autoridad en las corporaciones de vialidad, la diputada local, Marisol González Elías, propuso una serie de reformas legales.
La legisladora de Movimiento Ciudadano presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, ante el incremento de denuncias por cobros indebidos y retenes ilegales, en municipios como Santa Catarina y el resto del área metropolitana de Monterrey.
“Demandamos que se castigue a aquel funcionario que use su cargo para pedir, exigir o recibir dinero o beneficios de manera indebida o que también retenga documentos, bienes o derechos, amenace con actos de autoridad para sacar ventaja”, dijo González Elías.
La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal y la Ley de Seguridad Pública estatales, así como la Ley de Gobierno Municipal.
La propuesta de la legisladora naranja propone duplicar la sanción actual, pasando de 3 a 6 años de prisión para elementos de Seguridad y Movilidad que incurran en cohecho.
Además, se busca la inhabilitación definitiva de los servidores públicos responsables para evitar que reingresen a otras corporaciones.
Se plantean nuevas figuras delictivas, por lo que se tipificará como abuso de autoridad el uso del cargo para exigir dinero, la retención injustificada de documentos o bienes, y las amenazas con actos de autoridad para obtener ventajas personales.
Asimismo, los municipios estarán obligados a implementar sistemas de integridad y supervisión, por lo que todo acto de autoridad que moleste a un particular (detenciones o infracciones) deberá contar con un folio de trazabilidad y registro de fecha, hora y motivo.
La reforma plantea que, si no existe un registro digital, video o folio que sustente una detención o multa, esta sea considerada inmediatamente inválida y se indemnice al ciudadano afectado, al no haber evidencia.
Durante la presentación de la iniciativa, González Elías subrayó la gravedad de la situación apoyada en datos del INEGI, destacando que más del 60% de la población ha sido víctima de cohecho y que la práctica se ha “normalizado” al grado de que una de cada dos personas ha recibido peticiones de soborno.
“Los policías y los tránsitos no se mandan solos; tienen un superior. Si hay corrupción en un municipio es porque la cabeza lo está permitiendo”, afirmó la diputada emecista.
Ello, al señalar directamente la responsabilidad de los alcaldes y secretarios de seguridad en la vigilancia de sus elementos.
