Reduce UANL gestión de becas estudiantiles a 500: diputados

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Monterrey, N.L.-
Diputados locales de Movimiento Ciudadano y del PRI confirmaron que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) estableció un límite de 500 becas por legislador, para la gestión de apoyos estudiantiles, medida que atribuyeron a razones operativas y financieras, descartando un trasfondo político.

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, explicó que anteriormente no existía un tope para la promoción de becas, pero ahora la rectoría fijó un máximo de 500 solicitudes por diputado, tras dialogar con los coordinadores legislativos para ordenar el procedimiento.

“Actualmente sí hay un límite de 500 becas por diputado para poder promover”, señaló la legisladora, quien indicó que la Universidad detectó desorden en la tramitación de estos apoyos y que el Congreso respetará los nuevos lineamientos.

Pámanes Ortíz sostuvo que algunos actores hicieron un uso indebido del esquema al utilizar las becas con fines de promoción personal, por lo que consideró correcto que el beneficio se concentre en las familias y no en la imagen de funcionarios o legisladores.

Asimismo, rechazó que la decisión tenga un propósito político y afirmó que responde a la necesidad de hacer más eficientes los procesos internos de la institución.

Por su parte, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, coincidió en que las nuevas reglas obedecen principalmente a la situación financiera de la UANL y al contexto presupuestal que enfrenta Nuevo León.

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El legislador priista señaló que los diputados continúan fungiendo únicamente como gestores entre la ciudadanía y la Universidad, por lo que respaldó los cambios implementados por la rectoría encabezada por Santos Guzmán.

Caballero Gaona consideró que, una vez que el estado cuente con un presupuesto definido y existan mejores condiciones financieras, el Congreso podría analizar la asignación de mayores recursos para que la UANL amplíe nuevamente el número de becas disponibles.

Aunque reconoció que el límite reduce el margen de gestión de los legisladores, reiteró que comprende la decisión de la Universidad y confió en que, con una mejor situación presupuestal, puedan recuperarse los beneficios que anteriormente se otorgaban sin un tope establecido.

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