Monterrey, N.L.-
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría declarar procedente la denuncia de juicio político en contra del gobernador constitucional del estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, mientras que Movimiento Ciudadano aseguró que no hay pruebas en las acusaciones de desvío de recursos por más de mil millones de pesos.
Al sesionar el órgano legislativo, con la ausencia de los diputados locales de Morena, Mario Soto Esquer y Rodrigo Montemayor Romero, se determinó iniciar formalmente el procedimiento basándose en acusaciones de presunta triangulación de recursos públicos y desvío de fondos públicos.
Tras una sesión de hora y medio, la comisión se declaró en permanente para dar seguimiento al caso y fijó como fecha límite el próximo martes 23 de junio de 2026 a las 16:00 horas para que el mandatario estatal comparezca de manera presencial o remita su contestación por escrito en defensa de sus derechos.
El expediente fue turnado con carácter de urgente el pasado 10 de junio, derivado de una denuncia ciudadana interpuesta bajo protesta de decir verdad por Anabel del Roble Alcocer Cruz, dirigente estatal de Morena.
De acuerdo con el documento aprobado, las conductas atribuidas al gobernador dañan gravemente los intereses públicos fundamentales y configuran violaciones sistemáticas a la normatividad presupuestal.
Dentro de la triangulación de recursos, se señala el desvío de dinero público hacia empresas contratistas del estado (como Suministro MYR, PILSA y Comercializadora Don Cacahuato) que posteriormente transferían capitales a los despachos jurídicos Firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal, de los cuales el gobernador y su padre son socios.
Los ingresos de dichos despachos pasaron de ser modestos en años previos a acumular 2,413 millones de pesos entre 2015 y la fecha de la investigación; de esta cifra, 1,781 millones de pesos se facturaron ya durante su gestión como gobernador.
Se acusa el uso de casi 82 millones de pesos provenientes del despacho familiar para el pago de pauta digital y autopromoción en redes sociales, así como supuestos nexos de las redes de triangulación con empresas factureras y esquemas vinculados a la delincuencia organizada.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador legislativo del PAN, y Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión Anticorrupción, aclararon que en esta etapa el Congreso no está resolviendo si el gobernador es culpable o inocente, sino únicamente validando que la denuncia cumple con los requisitos legales y los indicios suficientes para iniciar la investigación.
“La ley de juicio político establece que el solo hecho de que se adviertan elementos de prueba que presuman el delito cometido es suficiente para iniciar el procedimiento, las pruebas en su momento serán integradas al expediente”, dijo la diputada Armida Serrato.
De la Fuente Flores y Perla Villarreal (coordinadora del PRD) criticaron la ausencia de los diputados de Morena, Mario Soto y Rodrigo Montemayor, a quienes acusaron de “estar pintados de naranja” y pactar en favor del gobernador.
En contraste, reconocieron la congruencia de la morenista Grecia Benavides, quien asistió y votó a favor del avance institucional para exigir cuentas sobre el gasto público.
Los legisladores de oposición recordaron que, aunque el proceso avance en comisiones, se requerirán los votos de Morena en el Pleno para alcanzar la mayoría calificada de 28 votos necesaria para una eventual sanción.
En contraparte, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), en voz de su coordinadora legislativa, Sandra Pámanes Ortiz, cuestionó el dictamen calificándolo de “show mediático” y “golpeteo político-electoral”. orquestado por el PRI y el PAN en alianza con un sector de Morena.
Argumentó que la denuncia carece de sustento legal debido a que 16 de los 19 hechos denunciados se basan estrictamente en notas periodísticas de diversos medios, elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no constituyen pruebas por sí solas.
Denunció además la violación al artículo 11 de la Ley de Juicio Político, afirmando que se debió dar un plazo de tres días a la denunciante para ampliar y comprobar la información antes de activar un proceso “fast track”.
“Es puro show porque ni siquiera vamos a llegar a ese punto, no hay elementos para poder consignar… la Fiscalía de Nuevo León ya investigó y concluyó que no hay ningún ilícito, emitiendo una resolución definitiva de no ejercicio de la acción penal”, sostuvo la diputada de MC.
Conforme a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 31/2023, en caso de que el Congreso del Estado apruebe el dictamen en una etapa posterior por las dos terceras partes, el gobernador no quedará separado de su cargo automáticamente.
La separación o destitución definitiva sólo corresponderá y podrá ser aplicada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León erigido en Jurado de Sentencia al dictaminar la resolución final del caso.
