Monterrey, N.L.-
A efecto de que las personas cuidadoras primarias sean reconocidas como sujetas de asistencia social en el estado, la diputada local de Morena, Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, propuso una reforma por adición a la Ley de Asistencia Social.
Tras presentar la iniciativa ante la Oficialía de Partes del Congreso sdel Estado, la legisladora explicó que el objetivo es modificar el artículo 4 de dicha ley para incluir a quienes se dedican de tiempo completo al cuidado de personas mayores enfermas o con discapacidad, actividad que, en muchos casos, les impide acceder a un empleo formal, servicios médicos o seguridad social.
“En Nuevo León son muchas las personas, por lo general mujeres, que se dedican 24/7 al cuidado de un familiar, eso les impide trabajar y contar con seguridad social. Lo que estamos planteando es que sean sujetas de asistencia social y puedan acceder a programas y apoyos”, señaló.
Hernández Sepúlveda destacó que esta propuesta se alinea con el proyecto federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien contempla en el Plan Nacional de Desarrollo la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.
Indicó que para 2025 se destinó el 4 por ciento del Presupuesto de Egresos a acciones orientadas a proteger a las personas cuidadoras y garantizarles condiciones básicas para salir adelante.
“Si una persona dedica su vida a cuidar a otra, también debe tener acceso a seguridad social y programas que eviten que permanezca en la desigualdad”, enfatizó.
La diputada agregó que, dentro de la discusión del Presupuesto 2026 en Nuevo León, también se analiza que la pensión para personas con discapacidad sea universal en la entidad, lo que contribuiría a mejorar los ingresos de las familias y aliviar la carga económica de quienes ejercen labores de cuidado.
Sobre el número de personas en esta condición, reconoció que actualmente no se cuenta con una estadística precisa, pero una vez que se reconozca legalmente a las personas cuidadoras como sujetas de derecho, correspondería a la Secretaría de Igualdad e Inclusión realizar un censo para determinar cuántas se encuentran en esta situación y estimar el presupuesto necesario para atenderlas.
Hernández Sepúlveda subrayó que la prioridad es otorgar primero el reconocimiento jurídico y, posteriormente, definir los recursos y programas específicos que permitan brindar respaldo efectivo a este sector de la población.
