Ciudad de México.-
El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal respaldó la reforma aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 419 votos a favor, para tipificar de manera autónoma el reclutamiento criminal y establecer sanciones de hasta 25 años de prisión, con especial protección para niñas, niños y adolescentes.
La modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, en materia de reclutamiento criminal (forzado) busca cerrar un vacío legal y permitir que las autoridades actúen desde la captación de personas para incorporarlas a grupos delictivos, incluso mediante engaños, falsas ofertas de trabajo o contactos en redes sociales.
“Esta reforma representa un paso importante para fortalecer la protección de las personas frente al reclutamiento criminal. Debemos contar con herramientas legales que permitan actuar oportunamente, sancionar a los responsables y proteger especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló Canturosas Villarreal.
El dictamen establece penas de 10 a 20 años de prisión para la modalidad básica y de 15 a 25 años cuando existan amenazas, coacción, violencia o abuso de poder. Además, contempla agravantes en casos específicos y determina que todo reclutamiento de menores de edad será sancionado como forzado, aun cuando no se acrediten amenazas o violencia explícita.
La reforma también permite iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de una denuncia formal de la víctima, y fortalece los mecanismos legales de atención y protección. Su alcance busca facilitar la actuación de las autoridades en todo el país.
Canturosas destacó que combatir el reclutamiento criminal requiere tanto sanciones claras como acciones que protejan la libertad, la integridad y la dignidad de las personas, particularmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue remitido al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
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