Ciudad Victoria, Tam.-
Al comparecer ante la Comisión de Administración del Congreso del Estado, la secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deándar, dijo que a su llegada a la Secretaría se detectaron graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno pasado, que representan un daño al estado por más de 32 millones de pesos.
En el marco de la glosa del Primer Informe Gobierno de Américo Villarreal Anaya, la funcionaria detalló ante las y los diputados integrantes del citado órgano legislativo, que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha presentado hasta el momento 17 denuncias por la posible comisión de hechos delictivos, tipificados en el Código Penal de Tamaulipas como delitos de Corrupción, Ejercicio Ilícito de Servicio Público, Abuso de Autoridad y Coalición de Servidores Públicos.
“Yo misma firmé estas denuncias, no sólo porque es mi responsabilidad como secretaria, sino porque tengo la convicción de que no debe haber impunidad contra quienes traicionaron la confianza del pueblo y extrajeron recursos para su propio beneficio”, indicó ante los diputados locales.
Dijo que la revisión exhaustiva de los documentos recibidos, detectó 31 incidencias de posibles responsabilidades administrativas, consideradas como faltas administrativas graves conforme el Capítulo II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
Explicó que el primero de Octubre del año pasado, ni el ex titular de la secretaría de Desarrollo Económico ni los mandos superiores de la dependencia se hicieron presentes para cumplir con el acto de entrega recepción como lo estipula la ley de la materia. También fueron citados otros funcionarios que dependían del ex secretario, de los cuales ninguno se presentó.
Ninfa Cantú Deándar dio a conocer que una de las áreas más afectadas por las irregularidades de la pasada administración, es el Fondo Tamaulipas en donde se encontró una deuda de 322 millones de pesos como resultado de la gestión irregular en el otorgamiento de los créditos y malos manejos administrativos, de los cuales, alrededor de 258 millones de pesos son créditos pertenecientes a 4 mil cuentas incobrables.
