Estamos de estreno en nuestro país. Pero una inmensa mayoría de la población ni idea tiene de la nueva ley reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es más, podríamos afirmar que ni les interesa, sin saber cuánto podría afectar a los ciudadanos en general en su Derecho a la Información. Por eso hay que abrir muy bien el cerebro y saber de qué se trata para, al menos, estar bien informados.
Hablamos del Derecho de Réplica en el medio principalmente de la prensa, es decir de los impresos que circulan en México. El Congreso de la Unión aprobó dicha ley sin quitarle ni una coma a lo propuesta en 2013 por parte de los diputados. Y este 4 de diciembre el Presidente de la República lo publicó en el Diario Oficial. Así es que, aunque usted no me lo crea, se trata de verdaderos dardos contra la Libertad de Expresión por más que se le quiera hacer ver como un recurso de justicia para quien se siente agraviado por lo que se publica de él en los medios y se sentía indefenso ante los ataques a su persona.
Por eso hay un sector de la sociedad civil que aplaude el Derecho de Réplica y está con los legisladores que lo promovieron y aprobaron. Porque creen que es un dique que terminará con el abuso de los espacios informativos en la difusión de datos y comentarios falsos que ofenden la imagen de los aludidos sin ningún rubor. Creen que, así, se podrán tutelar las garantías de quienes se sienten agraviados cuando se pasan de la raya en sus investigaciones y críticas los periodistas en general, pero más de la prensa, porque el proceso y las trabas para demandar a la televisión y a la radio no son cualquier cosa.
Sin embargo, el Derecho de Réplica se empieza a atorar en la definición precisamente de réplica. Lo más fácil: se entiende como la oportunidad que le asiste a toda persona para que le sean difundidas o publicadas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidos por un medio masivo que se vuelve sujeto obligado a rectificar lo divulgado, por causar un agravio al demandante en su honor, vida privada y/o imagen, por la inexactitud o falsedad de dichos datos o informaciones.
He ahí la trampa. Cualquier persona puede protestar, diciéndose víctima de un agravio, por lo que se diga de ella en los medios y pedir una indemnización o reparación económica inclusive. Y como en el caso de la prensa será fácil presentar las pruebas, pues habrá periodistas que entenderán a partir de ahora el mensaje oficial de “Acalámbrese ahí”, y, para no arriesgarse, mejor escribirá sobre el clima, las estaciones del año, el buen trato a los animales y se olvidará de los otros animales, los políticos, tan sensibles a la crítica por su piel delgada.
Por ejemplo yo, cuidadoso y temeroso del “Acalámbrese ahí”, no me expondré a que alguien me exija 30 mil pesos, por ejemplo, de reparación del daño. Y mucho menos cien mil o un millón. No es que le tema a la pobreza, pero me ha costado tanto mi pequeño patrimonio, que debo cuidarlo por el bienestar de mi familia. Y si algún día hay quien me arrincone con su Derecho de Réplica, ciertamente no tendré ni siquiera para pagar un abogado y defenderme. Así es que como no sé qué entienda por agravio un oportunista y veo que es muy fácil alegar inexactitud y falsedad en lo que se publique de él (aunque con el tiempo se deba tragar sus propias palabras), mejor no le moveré al avispero de la crítica periodística, como sujeto obligado, a la que se refiere la nueva ley reglamentaria.
Por tanto, le pido a usted, lector, que piensa cómo los medios impresos en adelante se andarán con pies de plomo porque puede suceder que un día todas sus planas aparezcan con aclaraciones y rectificaciones en el mismo espacio en que los “agraviados” demuestren que se les ha afectado en su honor, vida privada y/o imagen. Y, como dice el popular cantante “El Bucky” en una de sus más pegajosas composiciones: “Pero ¿qué necesidad?”
Por eso soy de los que creen que a la larga saldrá perjudicada la opinión pública, pues, acalambrados los periodistas valientes, serán los de la información light, los que consumirán los espacios y tiempos electrónicos, porque una buena investigación en profundidad cuenta muchas veces con datos confidenciales de fuentes de toda confianza que no pueden ser echadas de cabeza, es decir, exhibidas públicamente, y los testimonios personales, igualmente, no admiten prueba pero le constan al reportero en su conciencia.
De ahí que, ante estas circunstancias, a mí no me queda más que pedir a mis colegas periodistas apegarse siempre a la honestidad para no dar lugar a que los políticos sigan pensando en cómo coartar la libertad de expresión por los abusos en los medios informativos, y a los políticos les recuerdo lo que un día dijo el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson cuando los papeles de aquel siglo revoloteaban por todas partes con infundios e informaciones tendenciosas: “Más vale periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos”.
