La pobreza y la desigualdad no son solo problemas económicos; son amenazas latentes para la seguridad nacional de México. Así lo advierte el doctor en ciencias políticas Alejandro Mújica, quien señala que, aunque los programas sociales de la presidenta Claudia Scheinbaum han logrado avances en reducir la pobreza moderada, el combate a la pobreza extrema y la desigualdad estructural sigue siendo una tarea pendiente.
Según datos del Coneval, el 73% de la población mexicana —aproximadamente 94.7 millones de personas— vive en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Esto significa que solo el 27.1% de los mexicanos no enfrenta carencias socioeconómicas. Para dimensionar la gravedad, esta cifra supera la población total de países como Alemania (86 millones) o Vietnam (97 millones).
La pobreza en México se divide en dos categorías principales: pobreza moderada: personas con al menos una carencia social e ingresos insuficientes para alimentación básica. Y pobreza extrema: quienes sufren tres o más carencias y no tienen recursos ni para una alimentación nutritiva.
Las carencias abarcan desde rezago educativo y falta de acceso a servicios de salud hasta inseguridad alimentaria y condiciones precarias de vivienda. Aunque hubo una reducción del 10.33% en estos indicadores entre 2008 y 2022, el progreso es insuficiente. De mantenerse esta tendencia, para 2050 aún habría 58.7% de la población en condiciones críticas.
La desigualdad no solo es injusta; es peligrosa. Organismos como la CEPAL y el Banco Mundial han demostrado la correlación entre disparidad socioeconómica y delincuencia. En sociedades con brechas abismales entre ricos y pobres, aumentan los homicidios, robos y secuestros. México, que aporta un tercio de los homicidios globales según el Colegio Interamericano de Defensa, es un ejemplo claro de este fenómeno.
Además, la desigualdad genera inmovilidad social, erosiona la confianza en las instituciones y fomenta problemas como el abandono escolar o el consumo de drogas. Como señala Mújica, “la desigualdad aumenta la inmovilidad social y viceversa”. Es un círculo vicioso que perpetúa la pobreza y la violencia.
Los programas sociales han sido un paso importante, pero su impacto es limitado frente a un problema estructural. Mújica propone medidas más audaces:
Inversión en infraestructura: Destinar recursos a hospitales, escuelas y obras públicas para generar empleo y mejorar condiciones de vida: reforma fiscal: eliminar exenciones a grandes contribuyentes y asegurar que cumplan con sus obligaciones: educación y tecnología: Apostar por la educación técnica y científica, así como por el desarrollo de inteligencia artificial regulada. Y políticas de Estado, construir acuerdos a largo plazo que trasciendan los ciclos sexenales.
México necesita una Agenda Nacional de Riesgos que priorice la pobreza y la desigualdad como temas de seguridad nacional. Esto requiere cooperación internacional y consensos políticos, algo difícil en un país fragmentado. La presidenta Scheinbaum tiene el reto de unir a fuerzas diversas para lograr políticas de Estado efectivas.
Pero la pobreza y la desigualdad no son solo estadísticas; son realidades que afectan a millones y amenazan la estabilidad del país. Combatirlas exige más que programas sociales: requiere un cambio estructural, voluntad política y la participación de todos los sectores. El tiempo de actuar es ahora, antes de que las brechas se vuelvan irreparables.
