El pueblo quiere sangre. Y el morbo se aviva cuando se anuncia que algunos políticos, considerados corruptos, pueden ir a la cárcel. Pero ya se sabe que muchas escaramuzas políticas quedan en un estallido mediático. Por eso la gente de Nuevo León está presionando al “Bronco” para que Rodrigo Medina de la Cruz y su abusiva familia no solamente regresen lo que les dejó el saqueo del erario, sino que verdaderamente pisen la cárcel.
Sin embargo, la culminación de los acusaciones oficiales no es fácil. Primero porque todo proceso debe apegarse a derecho y no nada más a una explosión emocional que satisfaga la sed de venganza de los ciudadanos, y segundo porque no hay corrupto que acepte su pecado. Imposible que los pillos de la política partidista en México, desde hace décadas, se declaren culpables. Todos se creen una santas palomitas e invocan su inocencia diciéndose víctima del revanchismo, de la difamación, del escarnio público y de un complot de sus adversarios o de los militantes de la oposición a sus siglas que los llevaron al poder.
De modo que en el ínterin de tratar de probar las acusaciones se va el tiempo, y el sistema, además, termina por arropar a los suyos. ¿Cómo queremos entonces que algunos ex gobernadores vayan a dar con toda su pudrición a la cárcel? ¿Cómo nos hacemos ilusiones de que los montos millonarios de los que se habla que fueron robados o transados en operaciones ocultas se recuperen? ¿Cómo clamar justicia si conocemos lo que es la impunidad en nuestro país?
Así es que no dudamos de los más de 300 mil millones de pesos a los que le sacó jugo Rodrigo Medina de la Cruz durante su sexenio, ni de los terrenos y residencias que no pueden justificarse haber sido adquiridas con su salario desde que empezó a trabajar, ni de los señalamientos de abuso y componendas de su señor padre en el gobierno que acaban de padecer los nuevoleoneses. Y, sin embargo, no es de extrañarse que todo vaya a quedar en un arreglo en lo oscurito para exonerarlo de toda culpa, como ha sucedido con otros ex gobernadores sinvergüenzas, dos de ellos prófugos, bajo el manto del PRI y su mano bienhechora: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exmandatarios de Tamaulipas.
¿Por qué engañarnos, por otra parte, que las amenazas de llevar a la cárcel a Javier Duarte por sus supuestos delitos en Veracruz tendrán el final feliz que sus acusadores imaginan? ¿Y qué pensar del otro Duarte, César el de Chihuahua, a quien se le imputa haber fundado un banco a su nombre con 60 millones de pesos de los contribuyentes de aquel próspero Estado?
¿Para qué hacerse ilusiones que el PRI dejará a su suerte a estos presuntos delincuentes de cuello blanco si Humberto Moreira, el ex de Coahuila, les puede dar la pista de cómo hacerle y con quién hablar para que sigan tan campantes como si su fortuna no estuvieran bajo el escrutinio público? ¿Y Guillermo Padrés, de Sonora, no podrá también asesorarlos a fin de que libren la cárcel sin ser él del PRI pero sí del PAN que a fin de cuentas es la misma cosa en esto de la impunidad?
Por tanto, lo mejor es analizar cada caso y entretenerse con las noticias la respecto, pero sin dar por un hecho que Rodrigo Medina de la Cruz, Javier Duarte y César Duarte dejarán de dormir a sus anchas ante el temor de terminar su carrera política en el “bote”. No. Allá van a dar otros. Los políticos corruptos no.
