La recién publicada Estrategia Nacional de Control de Drogas -2026 del gobierno de Donald Trump no es un documento técnico más. Es, ante todo, un manifiesto bélico.
La retórica es clara: Estados Unidos ya no administrará la crisis del fentanilo; la combatirá como una amenaza a la seguridad nacional, con carta blanca para designar cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, clasificar el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva y desplegar un “enfoque de todo el gobierno” que incluye desde sanciones financieras hasta operaciones militares en el extranjero.
El documento, firmado por la nueva directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter —periodista de investigación convertida en funcionaria—, tiene un tono que mezcla el dramatismo de un parte de guerra con la piedad de un sermón.
La dedicatoria inicial es a los casi medio millón de estadounidenses muertos por sobredosis en los últimos cinco años, una cifra que supera las bajas militares de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irak y Afganistán combinadas. No es una estadística: es un aldabonazo.
Dos frentes, una misma obsesión
La estrategia se articula en dos pilares: atacar el suministro en el exterior y reducir la demanda en casa. Pero el énfasis —y el presupuesto implícito— parece inclinarse peligrosamente hacia el primero. El capítulo 2, por ejemplo, promete “asegurar la cadena de suministro global” presionando a países como China para que regulen la venta de precursores químicos y máquinas de tableteo.
El capítulo 3 habla de terminar el muro fronterizo y deportar “traficantes violentos”. El capítulo 4, sin duda el más inquietante, autoriza campañas globales contra organizaciones criminales transnacionales utilizando herramientas antiterroristas, incluyendo la posibilidad de apoyo material al terrorismo contra quienes cooperen con los cárteles.
Hay aquí un cambio de paradigma que no es menor: los cárteles mexicanos, designados como FTO (Foreign Terrorist Organizations), podrán ser tratados como objetivo militar. La orden ejecutiva 14367, que califica al fentanilo como arma de destrucción masiva, abre la puerta a operaciones de inteligencia y fuerzas especiales que antes solo se justificaban contra Estados patrocinadores del terrorismo. El gobierno de México ya ha expresado su rechazo a esta designación, advirtiendo que viola su soberanía. Pero Washington, en este documento, no pide permiso: exige resultados.
El flanco débil: prevención y tratamiento
El segundo pilar —el doméstico— suena casi como una ocurrencia tardía. La estrategia dedica cuatro capítulos a la salud pública: prevención, tratamiento, recuperación y respuesta a sobredosis.
Pero el lenguaje es aspiracional (“lograr una América libre de drogas como norma social”) y recurre a viejos eslóganes de la guerra contra las drogas de los ochenta, incluyendo un explícito llamado a la fe: “Estados Unidos es, y siempre será, una nación bajo Dios. El 83% de los estadounidenses cree en Dios o en una fuerza espiritual. Ese es un recurso poderoso contra el consumo de drogas”.
La mención a líder es religiosos usando “su influencia y púlpito” para promover una vida libre de drogas es, cuando menos, una confesión de que el Estado no confía únicamente en la evidencia científica o en los sistemas de salud.
En materia de tratamiento, la promesa de que “sea más fácil obtener ayuda que consumir drogas” choca con la realidad de un sistema de salud fragmentado y con estados que aún criminalizan severamente la adicción.
El capítulo 6 menciona la necesidad de desarrollar medicamentos modernos contra los trastornos por consumo de sustancias, pero no propone una expansión significativa de la cobertura pública. Tampoco aborda el acceso a terapias asistidas con metadona o buprenorfina, que han demostrado reducir la mortalidad por sobredosis.
En cambio, insiste en la “responsabilidad con disuasión”, un eufemismo que suele traducirse en penas más largas para consumidores.
Datos que incomodan
Un apartado crucial —y a menudo ignorado en el debate público— es el apéndice C, titulado “Plan para recopilar, usar y adquirir datos”.
Allí la ONDCP reconoce que los sistemas actuales de vigilancia epidemiológica son lentos, inconsistentes y subfinanciados. La propia estrategia admite que la disminución de muertes por sobredosis —de un pico de 107.941 en 2022 a una proyección de 72.836 para septiembre de 2025— no es una victoria, sino apenas “el comienzo de una nueva era”. Sin datos fiables en tiempo real, cualquier ajuste táctico se vuelve ciego.
Esa honestidad técnica contrasta con el voluntarismo político. El presidente Trump, en su mensaje introductorio, declara: “Los días de presidentes débiles que toleran el asalto químico contra Estados Unidos han terminado”.
Pero la historia sugiere que las guerras contra las drogas no se ganan solo con mano dura. La experiencia de Colombia, México o Filipinas muestra que el enfoque militarizado desplaza el problema, lo atomiza en bandas más pequeñas y violentas, y no reduce el consumo en los países ricos.
El propio documento admite que el fentanilo ilícito empezó a circular masivamente en 2013, durante una administración (Obama) que ya había endurecido el control de opioides recetados. La oferta encontró su demanda porque había una demanda.
Lo que la estrategia calla
Llama la atención lo que la estrategia no dice. No menciona la posibilidad de regular el mercado de sustancias psicoactivas como política de reducción de daños —algo que países como Portugal o Canadá han explorado con resultados mixtos pero documentados. No discute el papel de las farmacéuticas en la crisis original de opioides, más allá de una vaga referencia al “fraude”.
No aborda el estigma que impide a millones buscar ayuda. Y aunque promete “celebrar y apoyar la recuperación”, no asigna recursos concretos a viviendas de apoyo, reinserción laboral o programas de pares.
La columna vertebral de este documento es la seguridad, no la salud. El capítulo de respuesta a sobredosis (capítulo
se limita a promover el acceso a naloxona y “atención posterior”, pero sin un plan para que esa atención llegue a las zonas rurales o a las poblaciones sin seguro.
En contraste, los capítulos sobre interdicción están llenos de verbos como “desmantelar”, “incautar”, “designar” y “procesar”.
Conclusión: ¿cambio de rumbo o espejismo?
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 es un espejo de su tiempo: polarizada, militarista, profundamente ideológica y paradójicamente esperanzada. Su mayor acierto es reconocer que el statu quo era insostenible: más de 70.000 muertes anuales no pueden ser la nueva normalidad.
Su mayor riesgo es confundir la dureza retórica con efectividad, y la fe con política pública.
Si la administración Trump logra combinar una presión diplomática real sobre los precursores químicos chinos, una inversión masiva en tratamiento accesible y una desestigmatización de la adicción, podría escribir un capítulo distinto en la fallida guerra contra las drogas.
Pero si todo se reduce a más muro, más deportaciones y más operativos militares, la historia —esa que el documento cita con tanto dramatismo— se repetirá: los muertos seguirán siendo la estadística que ningún presidente quiere firmar.
Por ahora, la estrategia es una promesa. El epitafio está en sus propias palabras: “Este documento es más que un plan; es nuestra promesa de asegurar nuestra patria”.
Las promesas, se sabe, se las lleva el viento. Las políticas, en cambio, entierran o salvan vidas.
