Hoy firma Enrique Peña Nieto la Ley General de Víctimas que había sido objeto de una demanda por parte del gobierno de Felipe Calderón en el 2012.
De acuerdo a la historia la demanda fue interpuesta el 19 de julio del año pasado por el gobierno calderonista, cuando el Congreso federal anunció la aprobación de la ley que obliga al Estado a proteger y reparar el daño a las víctimas del crimen y de violaciones a los derechos humanos.
Calderón devolvió la ley con observaciones al Congreso, entre las cuales destacaba que la responsabilidad en la atención a las víctimas no es únicamente del gobierno federal, sino también de los estados, señala una nota del periódico El Universal.
Felipe solicitó también realizar ajustes técnicos a nivel constitucional para se especificaran los mecanismos para la reparación del daño a las víctimas.
Sin embargo, el 6 de diciembre del año pasado, el gobierno de EPN se desistió de la demanda del anterior ejecutivo Federal y se dio luz verde a la aprobación de la Ley.
Y este día EPN habrá de firmar la nueva legislación que busca compensar a quienes resultan víctimas del crimen y de las violaciones a sus derechos humanos.
Ahora habrá que determinarse si esa ley aplica para todos los hechos que engloben las características arriba mencionadas.
Esta ley surge debido a las demandas de organizaciones ciudadanas que reclaman reparación del daño a las víctimas de la lucha contra el crimen organizado.
La decisión de EPN de darle para adelante a la Ley es con el fin de comenzar la reconciliación y restañar heridas, aunque habría que admitir que aún el país no está en paz.
Que esa labor de recuperar la tranquilidad está aún lejos de ser una realidad.
Las condiciones en que operará la nueva Ley aún es un misterio.
Se desconocen exactamente cuáles serán las características de la nueva Ley, quiénes podrán acogerse a sus beneficios, en qué consistirá la reparación del daño a las víctimas, será monetario, en especie, o sólo bastará con un “Usted Disculpe”.
Porque si de pagar se trata, no hay dinero que valga la vida de una persona inocente caída en ese lucha sin cuartel
LOS DESPLAZADOS
En el mismo orden de la lucha contra la delincuencia organizada se encuentran aquellas familias que debido a este fenómeno de violencia han sido desplazadas de sus hogares.
Aquellos que han tenido que dejar sus viviendas, su trabajo, para protegerse de la inseguridad.
Séverine Durin, investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social, CIESAS, programa noreste informa que deñ 2005 a 2010 “al menos 330 mil personas dejaron sus viviendas por causa de la violencia en los estados de Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas”.
En Tamaulipas la cifra alcanza los 31 mil 874 probables desplazados por la inseguridad.
Los datos que proporciona esa investigadora son corroborados por otros organismos como la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados que denuncia los efectos de la inseguridad en la población mexicana, especialmente en los estados afectados por este fenómeno.
Ahora que Peña Nieto firmará la nueva ley, incluirá entre los damnificados por la inseguridad a quienes tuvieron que abandonar sus lugares de origen, ¿serán incluidos entre las víctimas?
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