La aprobación de la Ley Anticorrupción, así llamada coloquialmente, cuyo nombre oficial es Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene entre sus obligaciones primarias que todo aquel ente, incluídas personas físicas, que reciban dinero proveniente del erario están obligados a informar los presupuestos que manejan y toda la información referente a sus actividades es pública.
La aprobación ocurrida este jueves por LXII legislatura federal marca cambios en la forma en que se conducirán tanto los tres poderes, como los tres niveles de gobierno y todo aquel que reciba financiamiento proveniente del Estado.
“En cuanto a las obligaciones de transparencia, el proyecto de decreto señala procedimientos, plazos para atención y resolución de solicitudes de transparencia además de obligaciones adicionales a las comunes para los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal, de los Estados y del Distrito Federal, de los órganos autónomos, las instituciones de educación superior públicas, de los partidos políticos nacionales y locales, de los fideicomisos y fondos públicos, de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral y de los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos”.
La Ley especifica que su funcionamiento se encuentra establecido en nueve principios generales: Certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, obejtividad, profesionalismo y transparencia.
“El principio de publicidad obedece a que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública con el objeto de que todo acto de autoridad sea sujeto al conocimiento de la ciudadanía”, se señala en el documento.
Y no solo eso, la nueva ley deberá ser dada a conocer ampliamente a toda la ciudadanía para “Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, a través de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, difundida en formatos adecuados para el público y atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región”.
Este punto es muy importante porque nuestro país es diverso en sus regiones y el acceso a la información pública muchas veces está supeditado a cuestiones económicas e incluso al lenguaje porque hay mexicanos que no hablan español.
Por ello la necesidad de que la población entera pueda conocer de esta ley y ejercer su derecho a estar informado acerca de cómo se gasta el erario y la información que tienen a su cargo las dependencias públicas y privadas que reciban fondos públicos.
Según se indica se busca fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
Todo lo anterior está relacionado con empezar a construir gobiernos abiertos, y el organismo que será el encargado de hacer que los lineamientos se cumplan es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tiene bajo su responsabilidad coordinar el Sistema Nacional de Transparencia. Según indican será autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, la legislación tiene candados en materia de derechos humanos, no hay un modelo de sanciones a quienes violen la legislación, los comités de transparencia en material de seguridad nacional están exceptuados y además se reserva la información sobre estabilidad financiera, económica y monetaria. En seguridad pública y seguridad nacional, así como las averiguaciones previas.
Tampoco se determinó las facultades y procedimiento del IFAI para promover mecanismos de control, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Como vemos la nueva ley tiene sus asegunes, pero algo es algo, todo es perfectible y lo más importante de todo ésto es que la ciudadanía esté enterada de su existencia y funcionamiento porque de otra forma los alcances se quedan solo en el papel.
YA COMENZARON
El partido Acción Nacional denunció ante la Procuraduría General de la República a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social por andar, dicen, favoreciendo el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional en Reynosa repartiendo recursos federales.
La demanda por actos anticipados de campaña contra Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano por el Partido Verde Ecologista fue la primera, y sí, como alguien del PRI lo vaticinó “se está judicializando el proceso”.
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