Sigue cayendo lodo sobre la imagen de los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Para algunos congresistas estadounidenses son prófugos de la justicia y están solicitando su extradición al vecino país del norte. Se les busca allá por varios delitos, pero acá sus paisanos ni se inmutan con las denuncias y algunos hasta los defienden.
Tomás Yarrington anda huyendo en la persecución que se ha desatado contra él por conspiración para lavar dinero, defraudación y declaraciones falsas a los bancos de Estados Unidos, en tanto que Eugenio está acusado de conspiración para lavar instrumentos monetarios, ayudar e instigar el funcionamiento de operaciones de dinero sin licencia.
Claro que ellos alegan inocencia e inclusive atribuyen el escándalo a costa de su nombre a un ardid político, reviviendo su caso en vísperas de las elecciones gubernamentales en Tamaulipas para perjudicar al PRI, del que emanaron sus nominaciones y ejercicio sucesivo entre 1999 y 2010.
No creemos que sea del todo cierto eso que ellos alegan, porque la gente como quiera sigue votando por el PRI y hay ciudadanos que no cambian de parecer porque sostienen que no hay gobernador que no robe o que no busque enriquecerse a través de trampas, y el hecho de que hayan sorprendido a Yarrington y Hernández no llama la atención porque si se deseara proceder igual con los demás, todos estarían en la cárcel.
Quizá al grito de “más vale malo por conocido que bueno por conocer”, muchos ciudadanos se muestran imperturbables con estas noticias y no cambian de partido a la hora de acudir a las urnas. Y hay otros que muestran su adhesión no solamente a la hora de votar sino en cualquier circunstancia considerando víctimas inocentes a sus ex gobernadores por venir la demanda de la justicia estadounidense.
Seguramente ellos se están dando la buena vida, escondidos de la vista de sus críticos mexicanos, y con las talegas de dinero que les sobra a los dos, sus familias también han de estar despreocupadas sin hacer caso a los chismes que les llegan por los medios informativos profesionales o por las redes sociales. Y no faltará quien diga que todo está orquestado también por pura envidia.
Lamentablemente mientras Yarrington y Eugenio se valen de todo para que no les afecten las publicaciones, el Estado de Tamaulipas es el que se queda con el sello de la corrupción de que se habla. Y es la entidad la que sí la lleva porque en el inconsciente colectivo se graba la de idea de que la sociedad civil de aquí está atada de manos y no hace nada para que se investigue a fondo y se castigue a este tipo de presuntos delincuentes o se les declare inocentes, si se prueba lo contrario.
Los congresistas federales estadounidenses Filemón Vela y Michael McCaul son los que están solicitando al Secretario de Estado, John Kerry, y a la Fiscal General, Loretta Linch, acelerar la extradición de estos ex gobernadores tamaulipecos por sospechas de haber favorecido al narcotráfico y cometer peculado.
Sin embargo, hay que ser contundentes en las pruebas para inmiscuirlos en lavado de dinero y acusarlos de ser actores claves en empresas criminales que tuvieron un impacto negativo muy grave en las comunidades de ambos lados de la frontera. Desde mayo de 2013 Yarrington anda en estos líos, mientras que Eugenio está sufriendo el descrédito de su gobierno desde mayo de 2015.
No les ha bastado a los estadounidenses la confiscación de bienes de los ex mandatarios tamaulipecos. No quieren nada más sus propiedades en McAllen, Brownsville, Isla del Padre y San Antonio, Texas. También están tras sus huesos para que paguen por los supuestos delitos que los tienen hoy como prófugos de la justicia norteamericana.
“¿Pero qué necesidad?”, como dice la popular canción. Mejor que den la cara o les dé la mano el PRI que los arropó para llegar al poder. Porque eso de ser considerado prófugo de la justicia se oye muy feo.
