El derecho a la privacidad, el derecho a conocer la vida pública de los hombres y las mujeres con actividades públicas, esferas de las que hablaba Habermas y cuya delimitación en nuestros días es apenas una línea casi invisible.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia para que el ex fiscal de Veracruz Jorge Winckler desbloquee al periodista Miguel León y éste pueda acceder a sus mensajes en su cuenta de Twitter, es un parteaguas que fortalece el acceso a la información.
En tiempos aciagos para el periodismo, donde un día sí y otro también profesionales de la información son desaparecidos, asesinados, atacados, la decisión de la Suprema Corte es viento fresco que anima a continuar el derrotero por este difícil camino.
La más reciente crisis del periodismo en México comenzó hace más de una década, inició con el ataque sistemático a periodistas, por parte de esa masa informe y casi siempre desconocida llamada delincuencia organizada y por gente del gobierno que aprovechando el río revuelto se ha desecho de aquellos que le incomodan.
Y en la mayoría de los casos no ha habido justicia, los responsables de esos ataques y asesinatos siguen libres.
¿Qué lleva a la Suprema Corte a definir históricamente un hecho que violenta el acceso a la información?, la forma como los funcionarios manejan su vida privada y su vida pública.
Los funcionarios no hacen distingos en sus redes sociales sobre qué subir y qué no a sus actividades en el ciberespacio.
Mezclan asuntos públicos con los privados. Usan sus redes para promoverse políticamente o para anunciar actividades inherentes a sus cargos públicos. Pero también ponen fotografías y mensajes que corresponden estrictamente a la esfera privada, donde su vida familiar y personal es exhibida por ellos mismos.
Aquí viene una reflexión, si el propio funcionario o funcionaria no delimita su actividad en medios digitales, cómo le prohíben a un periodista que deje de seguirlos, si su cuenta de Twitter y/o de Facebook, Instagram , o lo que sea, es fuente de información oficial.
De ahí la importancia de saber mantener su vida privada en una esfera, y crear otra para la vida pública.
Y aquí vendría la observación, si los dispositivos que usan para subir a sus cuentas personales información oficial, son pagados con recursos que provienen de los bolsillos de los contribuyentes, con mayor razón están obligados a permitir el libre acceso de quien quiera seguirlos.
Ojo, no significa que los periodistas u otras personas los harán blanco de odio gratuito.
Como ejemplo quisiera relatar que hace unos días tuve la oportunidad de asistir a un curso impartido en Charlottesville, Virginia sobre combate a la corrupción y rendición de cuentas, a invitación de la Embajada de Estados Unidos en México e Iniciativa Mérida, donde el vocero del ayuntamiento de esa ciudad, Brian Wheeler,
explicó que usa dos teléfonos celulares, uno que es pagado con recursos públicos y que por lo tanto, todos los mensajes y conversaciones y contactos están bajo el escrutinio público. Y el celular personal pagado con su dinero, que usa para sus asuntos familiares y de amistad.
Simple, si no quieren que los periodistas lo sigan, no mezcle su vida pública con la privada. Dele a su cuenta de Twitter el valor que una herramienta poderosa tiene para difundir su actividad en el servicio público, pero no junte peras con manzanas, si no quiere resultar reprendido.
Condúzcase con ética, decencia, respeto y transparencia es lo menos que nos merecemos las y los ciudadanos de aquellos cuyos sueldos son pagados con dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes.
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