Cd. de México.-
El Consejo de Ministros español firmó este viernes la extradición de Diego Cruz Alonso, miembro de Los Porkys, para que sea trasladado y juzgado en México. El presunto agresor sexual queda a la espera de que en las próximas semanas las autoridades de México envíen a los agentes encargados de recogerlo en Madrid y escoltarlo fuera de España.
Tras la ratificación de la extradición firmada por el gobierno español, una providencia será emitida al Ministerio de Justicia y otra al de Exteriores de España, que debe comunicarse con la PGR.
Cuando estos trámites se completen, un representante del Ministerio Público Federal y un par de agentes volarán desde México a Madrid, donde el detenido les será entregado en el aeropuerto de Barajas. Con las Navidades de por medio, las fuentes consultadas coinciden en que el proceso tomará como mínimo 15 días. A la espera, Cruz seguirá ingresado en la prisión de Soto del Real.
Diego Cruz es uno de los cuatro jóvenes llamados Los Porkys de Costa de Oro, presuntos implicados en la violación de una menor en Boca del Río, el 3 de enero de 2015. Los acusados proceden de familias adineradas y con buenas conexiones políticas en Veracruz.
Tras los hechos no se interpuso denuncia y éstos se hicieron conocidos sólo después de una confesión difundida en redes sociales por el padre de la menor afectada.
Cruz puede ser condenado en México a 40 años de cárcel por “pederastia tumultuaria” en lugar de los 15 por agresión sexual agravada a los que aspiraba como condena máxima en España.
La firma gubernamental de este viernes era el último paso de un proceso que se ha alargado seis meses desde que Cruz Alonso fue detenido el 10 de junio en la capital española, donde vivió tres meses bajo otra identidad tras huir de México anticipándose a una orden de detención.
Al día siguiente, en su primera comparecencia ante el juez, el joven de 21 años, identificado como uno de Los Porkys de Costa de Oro, se negó a ser extraditado a México, alegando que tenía nacionalidad española a través de su abuelo y que en México no se cumplían las garantías para un juicio justo.
Cruz fue entonces internado en la cárcel de Soto del Real y se abrió un largo proceso judicial. El 28 de octubre tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española desestimaron todos sus argumentos y determinaron su traslado a México para ser encausado en el juzgado de Veracruz que investiga su caso, una acusación de “pederastia tumultuaria” por la violación colectiva de una menor de 17 años en Veracruz en 2015.
La defensa de Cruz perdió el último de los recursos posibles el 2 de diciembre, cuando el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional [el conjunto de los 20 jueces de la institución] decretó que no había argumentos legales para que Cruz no fuese procesado en México.
El paso por el Consejo de Ministros de este viernes, encabezado por el presidente español, Mariano Rajoy, se consideraba un mero trámite. Los ministros sólo frenan extradiciones en circunstancias muy excepcionales, que no reunía en el caso de Cruz. Deben darse motivos de seguridad nacional, irregularidades manifiestas en el proceso o amenazas de injerencias políticas.
